El Gobierno amplía su paraguas frente a la crisis

Madrid

El decreto que amplía la prohibición a los desahucios y los cortes de suministros mientras esté en vigor el Estado de alarma, el plan de rescate a la restauración y a la hostelería y a otros sectores vinculados y el decreto que fija el procedimiento para gestionar las ayudas europeas. Los tres han sido aprobados en el penúltimo Consejo de ministros del año, celebrado este martes. Medidas muy esperadas desde hace semanas -o meses- por los sectores afectados, y que no han sido especialmente bien recibidos por sus beneficiarios.

Respecto a la prolongación de la prohibición de desahucios y el corte de suministros hasta el 9 de mayo, Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas e inquilinos de Madrid, considera que “este decreto es una alegría contenida. Desde luego, no podemos decir que no es nada, porque hay muchas familias a las que les va a venir muy bien un respiro de unos meses en los que tenían la espada de Damocles sobre sus cabezas y van a poder tener cierta relajación, pero claro, esto después va a volver. Va a terminar el Estado de alarma y la situación va a seguir, primero porque una crisis económica es algo muy serio, y después porque queda una gran parte de la población vulnerable que no va a estar dentro de este paraguas, por ejemplo, solo se va a proteger a los que puedan demostrar una situación de vulnerabilidad a causa del covid. Toda la gente que tenía que okupar, porque es una necesidad y no va a estar en la calle, sus desahucios van a seguir adelante.”

Tampoco los propietarios parecen conformes con el contenido de este real decreto. “Nos parece que no va a resolver nada, todo lo contrario, va a frenar el mercado del alquiler. Primero porque no va a beneficiar a esos colectivos vulnerables a los que quería proteger, ya que va a generar más desequilibrios, menos oferta, pero además porque se va a provocar una gran litigiosidad que en nada beneficia al mercado, ya que prevemos una oleada de, sobre todo, reclamaciones judiciales, por responsabilidad patrimonial y económica del Estado. Además, prevemos un efecto llamada a la okupación ilegal, ya lo estamos viendo en Cataluña, donde se han aplicado medidas muy similares a las que se han aprobado hoy, y lo que vemos es que España se va a convertir en una excepción dentro de Europa” explica Beatriz Toribio, directora general de Asval, la asociación nacional de propietarios de vivienda de alquiler.

Por su parte, el sector de la hostelería, que lleva meses reclamando un plan de rescate específico para su situación denuncia que el diseñado por el gobierno no prevé ayudas directas. “Son (medidas) insuficientes y con poca afectación para un sector que tiene previsión de que 100.000 establecimientos bajen la persiana: necesitamos muchas más ayudas” ha señalado José Luis Yzuel, presidente de la patronal Hostelería de España. Quien ha recordado que, pese a que sí existen medidas indirectas en forma de aplazamiento de impuesto, descuento en cotizaciones, refuerzo de los ERTE, “seguimos demandando, que era lo más esperado por todo el sector, esas ayudas directas que necesitamos y que hoy nos ha prometido el Gobierno que se van a organizar a través de las comunidades autónomas”.

Además, el Consejo de ministros ha dado luz verde al procedimiento detallado de gestión de los fondos europeos. Se trata de un proyecto para invertir 140.000 millones en seis años, que el Gobierno espera empezar a gastar ya el año que viene. Es un decreto que pretende agilizar los procedimientos para la llegada del dinero, que apuesta por la colaboración público-privada a través de la creación de los PERTE que son proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica.