Asignatura pendiente: cuánto han de pagar las empresas que no pagan lo que deben

La propuesta de establecer un impuesto mínimo global, promulgada por la Administración Biden sigue marcando los pasos en política fiscal a nivel supranacional. Después rebajar el objetivo inicial de fijarla en el 21% hasta un 15% y que la Unión Europea abrazara la nueva propuesta -que previsiblemente será aprobada en la reunión que los líderes del G-7 mantendrán durante los próximos días-, esta semana la Comisión Europea ha presentado el Tax Observatory, un organismo cuyo objetivo es “contribuir a un debate sobre impuestos más informado, inclusivo y democrático” en palabras de su propio director, Gabriel Zucman.

Según el informe que este organismo ha elaborado, la recaudación extraordinaria para toda la Unión Europea, de implementarse este impuesto, oscilaría entre los 48.000 millones de euros y los 170.000 millones de euros adicionales. En el caso español, Bruselas estima que España podría obtener entre 700 y 12.400 millones de euros extraordinarios si las grandes empresas -las que facturan más de 750 millones de euros- tributaran con un tipo mínimo de entre el 15 y el 25%. Un informe que apunta directamente a diferentes compañías españolas que, apunta el documento, deberían contribuir con 2.140 millones de euros más de los que pagan en la actualidad, y es que su presencia en paraísos fiscales y en países de baja tributación rebajan su contribución fiscal que en casos como el del Grupo ACS deberían aumentar un 354%. Otros nombres que apunta el informe son el de Iberdrola (que debería aportar a las arcas públicas 488,3 millones de euros más), Telefónica (409,7 millones más), Repsol (133,2 millones más), BBVA (205,72 millones más) y Banco Santander (687,93 millones más).

José Moisés Martín, miembro de Economistas frente a la crisis,  explica que "esto se centra, fundamentalmente, en aquellas empresas que tienen una estrategia fiscal agresiva, que tienen capacidad de mover beneficios de un país a otro y que, de alguna manera, se escapan a pagar los impuestos que empresas de base nacional, que no tienen salida internacional, tienen que pagar". Y señala que, en realidad, estas prácticas de elusión fiscal no solo perjudican a las arcas publicas y, por ende, a los contribuyentes sino que "también distorsionan la competencia porque si una empresa paga menos impuestos de los que debería, el resto del sector que sí que los está pagando… entonces, hay un problema que resolver: solamente para equilibrar el mercado, ni siquiera estoy hablando de contribuir a la sociedad, ni al erario público".