Fin de la guerra arancelaria

Madrid

Tras 17 años de disputa comercial, en la que la Unión Europea y Estados Unidos se han denunciado mutuamente por apoyar a Boeing y a Airbus, con más de una década de aranceles cruzados, que han pagado también otros sectores, como los fabricantes de maquinaria agrícola o los agricultores, y que se cuantifica en 1.100 millones en pérdidas en EEUU y casi 1.000 millones en España, las dos potencias se han dado ahora una tregua de cinco años para redefinir bajo qué reglas podrán recibir ayudas de estado estas compañías.

“El gobierno de España siempre ha defendido una solución negociada y este acuerdo es un acuerdo histórico que nos permite recuperar las exportaciones y la inversión de unos productos tan importantes no solo para la recuperación económica, sino también para las empresas españolas” ha señalado la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto. Y es que los productos españoles han enfrentado aranceles por valor de 942 millones de euros en el sector agroalimentario español, según el ministerio de agricultura -resultando especialmente afectados productos como el aceite, el vino, las aceitunas de mesa y los quesos, además de la carne de cerdo, cítricos y otras bebidas alcohólicas-. Por eso desde UPA, su secretario general, Lorenzo Ramos, ha aplaudido esta suspensión en Hora 25 de los Negocios. “Celebramos la suspensión, esperamos que sea definitiva, y que esto abra la puerta a que otros vetos como el de Rusia, que está afectando negativamente a nuestras frutas y hortalizas acabe lo más pronto posible” apunta Ramos.

“Tenemos un nuevo enemigo, bastante grande, que es China, y que además está creciendo, ha aprovechado la crisis del covid para dar un impulso a muchas de sus industrias y una nueva Administración en EEUU que prefiere no estar tan en guerra, veremos cómo está su balanza comercial en el futuro y si la reactiva pero por ahora prefiere centrar la paz y centrarse en su conflicto con China” explica Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, que aunque considera que “estamos ante la paz definitiva” también considera que puede ser “difícil que caigan más barreras, aunque no es descartable”.

El SMI, a debate

“El gobierno va a cumplir con su compromiso de alcanzar ese objetivo, lo que tendremos que discutir es cómo lo distribuimos entre el año 2022 y el 2023, o si incorporamos el 2021. Es importante cumplir ese compromiso, pero también es importante que sea compatible con la generación de empleo” ha apuntado este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada por el informe de la Comisión de expertos que recomienda subir el SMI desde los 950 euros mensuales actuales hasta situarlo en una horquilla entre los 1.012 y 1.047 euros mensuales en 2023 y empezar esa subida este 2021. Según los cálculos de este informe, esto supondría dar cumplimiento a los compromisos con la Carta Europea -situar el SMI en el 60% del salario medio- y un incremento del SMI de entre el 6,5% y el 10,2%.

“Estamos hablando de pequeñas subidas, ya no estamos hablando de la pasada subida del 22% -de la que el propio Banco de España tiene dudas acerca de sus efectos conjuntos-, estamos hablando de subidas pequeñas: de cómo subir entre un 6 y un 10% en tres años. Por tanto, desde el punto de vista económico, esas cifras no tienen relevancia, y subir el SMI no subirlo nada, o subirlo un 1% o un 2% en 2021 no tiene absolutamente ninguna relevancia desde el punto de vista macroeconómico, y desde el punto de vista microeconómico, que puede haber algunas empresas que puedan tener muchas dificultades y que no se le pueda añadir esta más, la tesis de todos los organismos internacionales es que no se pueden mantener empresas zombis con ayudas públicas, mucho menos con una ayuda salarial, es decir, a costa de tener salarios mínimos más bajos” explica en Hora 25 de los Negocios Antonio González, miembro de Economistas Frente a la Crisis y ex secretario general de Empleo.