Interinos... ¿punto final?

Madrid

La Mesa General de las Administraciones Públicas, que reúne a Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Sindicatos ha rubricado este lunes el pacto que pondrá fin a los muchos años -e incluso décadas- de interinidad que viven muchos trabajadores del sector público: son cientos de miles los trabajadores públicos que llevan encadenando contratos más tiempo del legalmente establecido para la empresa privada, aunque las cifras difieren según la fuente: cerca de medio millón de trabajadores se encuentran en esta situación, según los cálculos de Comisiones Obreras; unos 310.000, según el ministerio competente y en torno a 800.000, según sus propios cálculos. Una situación que alcanza, en cualquier caso, al 80% en el ámbito de la Educación -donde solo un 20% de los trabajadores son fijos- o al 82% de los empleados de la Sanidad -ámbito en el que solo un 18% forman parte de la plantilla de forma indefinida-.

El pacto firmado hoy -y cuyo texto irá mañana al Consejo de Ministros- busca estabilizar a los interinos que llevan años como temporales, ordenando que los procesos de estabilización que se pongan ahora en marcha, y que han de terminarse antes del final de 2024, se hagan mediante concurso-oposición, una prueba en la que el concurso suponga un 40% de la calificación total -y donde pese especialmente la experiencia-. Las indemnizaciones previstas en el texto para aquellos que no superen las pruebas serán iguales a las de los trabajadores cuyos contratos se rescinden por causas de despido objetivo: 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades, la misma indemnización que se aplicará, además, a los futuros interinos que rebasen el tiempo legal de permanencia ocupando temporalmente una plaza, tiempo que suele situarse en los tres años.

"El objetivo es solucionar el problema de los interinos. La diferencia fundamental que tiene este proceso de estabilización con otros es que lo que plantea es la reforma de la normativa básica del Estado. Plantea una reforma del artículo 10 del EB, que es lo que nosotros entendemos que es lo que va a impedir que, de cara a un futuro, vuelva a producirse una situación como esta" explica en Hora 25 de los Negocios Javier Rueda, secretario general de Función Pública. "Es un proceso de estabilización en el sistema español del acceso a la función pública, que se hace de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es necesario hacer un concurso-oposición, se dan las garantías suficientes para que los trabajadores y trabajadoras interinos se valore la experiencia en el puesto de trabajo y lo que tendrán que superar es un proceso selectivo en el que se incluye una fase de concurso, pero nosotros ni esperamos ni deseamos que se despida a nadie" defiende Rueda.

Desde los sindicatos aplauden el acuerdo alcanzado. "Se trata de un acuerdo importante, que por un lado da cumplimiento a la directiva de la UE, a la sentencia del TJUE, y tiene un encaje en la jurisprudencia española, que emana tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional. Es un acuerdo que contribuye a dignificar al personal interino y eventual, que contribuye a igualar sus condiciones y derechos con los de los funcionarios de carrera, pero también contiene una apuesta importante por la estabilidad del empleo para la reducción de la temporalidad en los servicios públicos, una estabilización del empleo en que, además de simplificarse la fase de oposición, gana muchísimo peso la experiencia" señala en Hora 25 de los Negocios Francisco García, coordinador del Área Pública y secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. Un argumento que, desde UGT, también defiende Julio Lacuerda, secretario general de Servicios Públicos, que apunta que "decidimos que era indisociable para nosotros hablar de la estabilización del personal temporal del mismo modo y a la vez que atajando las causas que lo provocan. Este acuerdo, en ese sentido, adopta medidas preventivas y sancionadoras para evitar las irregularidades que convierten a nuestro país, de tanto en tanto y cíclicamente, en un país en abuso de temporalidad".

Disiente de estas visiones, sin embargo, Manuel Martos, Director Jurídico del Sindicato de Trabajadores en Fraude (SINTEF), quien apunta en Hora 25 de los Negocios que "no nos gusta absolutamente nada, porque para nada sigue la línea que ellos entienden que están marcando, y que es solucionar la temporalidad. No soluciona absolutamente nada, muy al contrario, lo que obliga es que a todos los interinos afectados que no son 300.000, como ellos apuntan, son 800.000, van a tener que pleitear su situación, con lo cual, han hecho un flaco favor. Un partido que se dice obrero y español, en connivencia con tres sindicatos, que pongan a 800.000 personas en grave peligro, no es ni un RDL que solucione un problema, ni muchísimo menos solucione la situación".