Energía eólica: polémica por el cómo y dónde de su despliegue

La Unión Europea espera doblar la actual cantidad de energía renovable en Europa. Las renovables ahora suponen de media el 20% de la energía que consumen los países y el objetivo, legalmente vinculante, es que se convierta en el 40% de aquí a 2030. Es parte del plan verde de la Comisión para reducir las emisiones al menos un 55% en la presente década.

En España, el objetivo es llegar a 2030 con 50.000 MW de instalaciones eólicas, el doble del despliegue actual. El país fue pionero en el desarrollo de esta energía en los años noventa, aunque luego se frenó durante casi seis años por la moratoria renovable aprobada en 2013 por el Gobierno del Partido Popular que suspendió todos los regímenes de apoyo a las energías renovables, como recuerda José María González Moya, director de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).

El director reconoce que desde el inicio de su vida las renovables han tenido “cierta contestación” por tener un coste de producción mayor que las instalaciones tradicionales. Ahora, asegura, “la tecnología ha hecho sus deberes, hemos invertido en ella y hemos creado una industria puntera a nivel europeo y mundial y, desde hace unos años, la tecnología eólica es ya competitiva en costes contra la generación tradicional”.

Sin embargo, el modelo de expansión de energías renovables como la eólica ha levantado una movilización en varios puntos de España ante la planificación para crear enormes parques cuyas infraestructuras amenazan el medio ambiente y el modo de vida en muchas zonas.

Seo-Birdlife es una de las organizaciones que se han puesto en pie de guerra contra esta expansión acelerada. Su encargado de Clima y Energía, David Howell, defiende el paso decidido a un sistema 100% renovable e insiste en que no se oponen a la energía eólica ni a ningún tipo de energía renovable “siempre que estén donde tienen que estar, que no son los espacios protegidos más sensibles”.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

El mal desarrollo de los proyectos

Howell critica que España arrastra dos problemas: “una política energética que ha ido dando bandazos durante décadas” y el “desfase de las políticas” provocado por que la ordenanza del territorio sea de competencia autonómica y municipal, lo que “no está impidiendo que los parques eólicos proliferen en zonas sensibles”.

España está a la cabeza de Europa en biodiversidad y espacios protegidos. Además, Howell destaca que las aves no siempre permanecen en los límites del espacio protegido porque se desplazan por todo el territorio. Por eso denuncia que “ya se están dando casos de aprobación de proyectos que afectan directamente a estos espacios y con los molinos a unos pocos metros del límite”.

SeoBirdlife ya acumula varios casos en los que “la legalidad del proyecto es bastante cuestionable”. En casos como el del Bierzo, en el que “la Administración no aplica la normativa para proteger la biodiversidad”, la organización ha tenido que recurrir a los tribunales.

Frente a la inquietud social y de los grupos ecologistas que temen el impacto medioambiental del rápido desarrollo de parques eólicos, González dice que “la principal garantía que ofrecen las empresas es el trámite administrativo y las autorizaciones y licencias que tienen que obtener a la hora de poner en marcha una instalación”, lo que somete a las empresas a un procedimiento de evaluación ambiental marcado por directrices europeas, nacionales y autonómicas.

A partir de entonces las empresas buscan el mejor emplazamiento, empezando por que haya viento, subraya González. Luego “velan por que no haya ningún tipo de protección ambiental” para evitar complicados procedimientos ambientales que cancelen el proyecto. El director de la APPA insiste en que es responsabilidad de las administraciones acompañar a las empresas en ese proceso.

Impacto social en los territorios

Los ecologistas denuncian que decenas de zonas de especial protección definidos en mapas de sensibilidad se conocieron después de que muchos de los parques eólicos obtuvieran su licencia. El director de la APPA cree que esos casos “son mínimos” y se deben al desconocimiento que había hace dos décadas cuando no estaban todavía en marcha los mismos procedimientos ambientales. “Incluso en parques eólicos que hoy en día están en zonas delicadas por paso migratorio de aves, en determinadas épocas del año esos molinos se paran y se hace un seguimiento”, subraya.

Con molinos de viento que superan los 160 metros de altura y 145 de diámetro, no solo las aves se ven afectadas, también otros aspectos del entorno. SEOBirdlife cree que las empresas deben implicar a las poblaciones locales en su proyecto y su estrategia.

González Moya defiende que “en toda actividad hay impactos, y en el caso de las renovables los impactos positivos son mucho mayores que los negativos”. Cree además que las empresas se interesan por “acercarse al territorio” en el que implantan su instalación y “establecer convenios de colaboración”, de tal manera que los beneficios repercutan también en ellos, además de los impuestos derivados del proyecto que recaen en las arcas municipales.

La APPA calcula que de cada 40 o 50 euros por cada megavatio/hora que cobra una instalación eólica, 4,5 euros se quedan en el territorio en forma de impuestos, tasas y cánones, lo que supone un 10% de la facturación de las empresas.

Para Howell la prisa en el despliegue de parques eólicas sin definir antes una planificación demuestra que “se ha empezado la casa por el tejado” y teme la acumulación de plantas en una misma zona, por eso su organización reclama a la Administración que dé a conocer el número de proyectos presentados y aprobados recientemente y su localización.