El presidente del TC apela a los políticos: "Son responsables de renovar los órganos constitucionales"

Madrid

El presidente del Tribunal Constitucional, José González Rivas, fue uno de los magistrados que votó en contra de declarar ilegal el estado de alarma de marzo de 2020. Esta sentencia -polémica por la justificación que utiliza el alto tribunal y por la enorme división de la que surge- ha desatado también un terremoto político en torno a las responsabilidades del Gobierno, la libertad de movimiento y la gestión de la pandemia. González Rivas responde a las preguntas de Aimar Bretos en Hora 25. 

Sobre su voto en contra

Voté porque estaba en franca discordancia con la sentencia mayoritaria, sobre todo en el particular punto que se contiene en el fundamento jurídico quinto en la medida en que declara inconstitucionales los apartados uno, tres y cinco del artículo séptimo del real decreto 463/2020 en donde se contienen aspectos puntuales de la libre circulación, la libre residencia y la libertad en reuniones privadas. Como sabe la OMS desde sus comienzos de reflexión en esta pandemia, entendió que la movilidad de las personas de forma multitudinaria difundían un virus con efectos mortales cuyo desconocimiento inicial se ponía de manifiesto. El debate que hemos tenido estos días estaba condicionado por dos factores, ¿este tipo de medidas se encuadraba en el estado de excepción o en el estado de alarma? Claramente en el artículo del estado de alarma pone crisis sanitaria. La sentencia sin embargo recoge que entra más en los postulados del estado de excepción. Y después el debate sobre si estas medidas era suspensivas o limitativas y yo he entendido que eran suspensiones de derechos y no limitaciones totales de derechos. 

El precedente que fija el tribunal

Los mecanismos del estado de excepción implican suspensión de garantías constitucionales, usted me habla de la necesaria autorización ante el Congreso frente al estado de alarma que ponían en conocimiento la primera y en las sucesivas requerían la aprobación del Congreso. Una interpretación coherente llevaría a un debate importante en el Parlamento sobre la medida correcta que debe tomarse.

Actualización de la ley que define el estado de alarma

Evidentemente estamos hablando de la ley orgánica 4/1981, han transcurrido más de 40 años y pudiera reflexionarse a nivel parlamentario, a nivel de regulación normativa una necesaria actualización.

Las palabras de Cándido Conde-Pumpido

Soy consciente de que el tribunal no está roto. Hoy ha llegado a una solución armónica entre todos sus componentes. El citado magistrado ha corregido la frase sobre la que existía un evidente malestar. El haber corregido esto ha generado una necesaria armonía, mi misión institucional es propiciar el mejor ambiente entre todos nosotros. 

Las palabras de miembros del Gobierno

La crítica es legítima en cualquier momento y cuando se trata de resoluciones judiciales personas que forman parte del poder público pueden emitir las valoraciones que consideren procedentes dentro del marco en el que se desarrolla el debate jurídico. Que algún miembro del Gobierno se haya pronunciado en un sentido discrepante es fruto precisamente de que esto no contraviene ningún asunto fundamental de la resolución, sino exponer un criterio personal de discrepancia con la posición mayoritaria de una sentencia. 

El saludo con Sánchez y las presiones del Gobierno

No, cuando yo saludé al presidente del Gobierno en un momento tan importante donde constaté los grandes efectos producidos por la pandemia y cuyos índices se están incrementando pues evidentemente mi saludo fue cordial en el sentido de que hacía tiempo que no le saludaba, pero la sentencia ya había sido emitida y frente a los que dicen que si han presionado o no poco podían presionar porque ya estaba debatida, aprobada y resuelta. 

No he recibido presiones en mi vida profesional durante más de 50 años. No he recibido presiones. En nuestra labor judicial para mí nunca han constituido presiones. Lo único que le mueve a un jurista es el estudio profundo de las cuestiones que se dirimen en este tribunal y le puedo asegurar que desde que entró el recurso en mayo de 2020 le aportar cuatro cajas de documentos para justificar mi voto ante el pleno del tribunal. Pero no me llamó el Gobierno.

La decisión del TC sobre el segundo estado de alarma

Le tengo que poner de manifiesto que la enorme complejidad del primero se proyecta en la del segundo. El ponente está haciendo los estudios necesario y todo lo que se ha dicho en los medios difícilmente puede suceder cuando se está debatiendo. No asumo las consideraciones que se han hecho sobre ello.

¿Es urgente renovar el Constitucional?

Le corresponde al Congreso por mayoría de 3/5 efectuar la renovación. Aún encontrándonos en situación de renovación el funcionamiento interno del tribunal no se ve alterada. 

Los políticos son responsables de realizar su cometido y uno de ellos pudiera ser en este momento la renovación de los órganos constitucionales.