Vivir en el limbo de las facturas

Madrid

Aunque el plazo legal del que disponen las empresas para saldar las deudas con sus proveedores se sitúa en los 60 días, las grandes compañías de nuestro país triplican ese período, según el análisis de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) hecho público esta semana, basándose en los datos de la CNMV, y pagan, de media, a 191 días. Se trata de una situación que no es nueva, pero que agrava la situación de un tejido empresarial compuesto eminentemente por pymes y autónomos -un 99,8% del tejido empresarial de nuestro país- que se ha visto fuertemente golpeado por la crisis económica vinculado a la pandemia y cuya crisis de liquidez comienza a convertirse, en algunos casos, en crisis de insolvencias.

Según este análisis, el sector del comercio y los servicios es el que más se demora en el pago de facturas, 294 días en total, aunque también es cierto que han reducido los tiempos un 6% respecto al 2019. También han reducido los plazos las compañías del sector de la construcción e inmobiliario, un 2%, pero aún así, tardan 275 días en liquidar sus facturas con los proveedores. Por el contrario, la industria alarga esos tiempos, un 8%, hasta los 178 días, y también lo hacen las energéticas cotizadas, un 26%, tardaron el año pasado 121 días. Demoras que suponen que un total de 58.427 millones de euros no llegaron a los proveedores dentro del plazo establecido si hablamos solo de las facturas del IBEX una cifra que se reduce un 10% respecto al año 2019; y que implica que las cotizadas en el conjunto de las bolsas españolas adeudaban 81.786 millones de euros, una cifra que, no obstante, también se reduce un 8% en tasa interanual. Así, aunque disminuye la deuda, se incrementan los plazos de pago -un 9%- mientras las grandes empresas españolas retienen más liquidez -debido también a la pandemia- de lo que lo hacían en 2019 -un 29% más-

“Son 82.000 millones prácticamente que son obligaciones de pago y que, en los casos en los que no lo han cobrado las pymes y los trabajadores autónomos, tienen que financiarse, tienen que ir a sus entidades financieras o recurrir al ICO porque como les pagan sus clientes, tienen que financiarse, con las consecuencias que ello conlleva” apunta Antoni Cañete, presidente de la Plataforma, en Hora 25 de los Negocios y defiende que parte de esas consecuencias, en la crisis de 2008, terminaron derivando en el cierre de una de cada tres pymes en nuestro país.

Un problema al que se suma, además, el retraso en los pagos de las Administraciones Públicas que disponen de 30 días para saldar sus deudas con los proveedores y que, aunque según los últimos datos del ministerio de Hacienda, se cumplen en el caso de la Administración Central y buena parte de las Comunidades Autónomas, llegan a superar los 600 días en el caso de algunas Corporaciones Locales, donde la media se sitúa en 70 días. Y las insolvencias, según los últimos datos publicados por el Colegio de Registradores, comienzan ya a incrementarse. Aunque en el segundo trimestre de este año se crearon casi 28.594 sociedades mercantiles, casi un 120% más que el año pasado, los concursos de acreedores -moratoria concursal hasta finales de 2021 mediante- se incrementaron entre abril y junio un 266% respecto al año pasado, hasta los 1.410 y un 49% respecto al mismo período de 2019.

“Para los más pequeños los procesos concursales siempre han sido difíciles, porque la prioridad, el carácter preferente de los créditos hipotecarios y de la administración pública, hace que se produzca una bola muy difícilmente salvable. Ya lo hemos pedido, tiene que ver también con la morosidad, con los pagos de las grandes empresas, con que vuelva la liquidez al mercado y, en ese sentido, en la medida en que la rueda funcione, salir de las situaciones concursales será más fácil. También el cambio de la Ley de segunda oportunidad, que llevamos años reclamando, que las Administraciones Públicas nos den aire y sean también ellos partícipes, reduciendo sus créditos en estos procesos. Si no, será muy complicado, porque es bien cierto que, al final, las deudas con los gestores públicos al final tienen plazos muy cortos y pueden acabar matando a pequeñas actividades” dice María José Landáburu, que es vicepresidenta de CONPYMES y presidenta de la Asociación de Autónomos UATAE en Hora 25 de los Negocios, que, pese a esta situación, se muestra optimista con la segunda mitad del año. “La situación no se nos escapa a nadie que es difícil. Estamos en una quinta ola cuando ya pensábamos que habíamos superado la cuarta y se nos planteaba un verano de recuperación económica, el virus sigue estando ahí y, por tanto, la situación sigue siendo de debilidad, todavía de alcanzar los términos de estabilidad previos a la pandemia. En la medida en que nuestras actividades están muy vinculadas al consumo, interno y externo, la vuelta estable del turismo, pues esperamos volver a recuperar no índices de actividad económica previos, si no incluso mejores” defiende Landáburu.

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