El 85% de los abortos en España se realizan en clínicas privadas o concertadas

La estadística lo dice todo. El 85% de los 100.000 abortos que se registran al año en España se realizan en clínicas concertadas o privadas. En 12 comunidades autónomas prácticamente no se hacen interrupciones del embarazo en hospitales públicos. Y hay que destacar algunas. Cero abortos en hospitales públicos en Murcia, ninguno en Extremadura, uno en Madrid, dos en Castilla La Mancha, solo 16 en una comunidad tan grande como Andalucía, ocho en Aragón, 56 en Castilla y León. Son datos del último informe de Sanidad, que va con mucho retraso porque corresponden a 2019, y corroborados con nuestra red de emisoras. Los pocos que se realizan en un hospital público son por anomalías fetales o por riesgo para la madre y que necesitan ingreso hospitalario, pero cuando son a petición de la mujer, el 90%, se derivan a las clínicas concertadas. Andalucía tomó esa decisión desde el principio para acelerar los plazos y evitar retrasos derivados de la objeción de conciencia de los médicos. Castilla-La Mancha prioriza también la derivación porque reconoce que la objeción es generalizada. Hay otras comunidades como Cataluña o Baleares donde se está imponiendo el aborto farmacológico, el aborto con fármacos hasta las nueve semanas con seguimiento en Atención Primeria. En Cataluña suponen ya la mitad. En esta comunidad, las mujeres de la comarca de Lleida tienen que viajar hasta Barcelona para interrumpir su embarazo porque en su hospital de referencia todos los ginecólogos son objetores. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado partidaria este mañana en «Hoy por hoy» de regular la objeción de conciencia de los médicos en los casos de aborto. «La objeción de conciencia es algo individual pero se está utilizando para impedir el acceso y el derecho al aborto. Hay que regularla para garantizarla de forma individual pero también hay que regular que se atienda a los derechos de las mujeres», ha dicho. Ha anunciado también que en diciembre prevé tener listo un borrador de la reforma de la ley salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. La denuncia pública de Marta Vigara este miércoles en «Hoy por hoy» está haciendo que se conozcan otros casos similares en la sanidad pública. Marta ha contado cómo un hospital público de Madrid, el Clínico San Carlos, se negó a realizarle un aborto terapéutico en la semana 17 a pesar de la inviabilidad del feto y el peligro en el que se ponía su propia salud. «Igual que la entrevistada, me tuve que ir a las oficinas de la Consejería de Sanidad a firmar los papeles y prácticamente me dijeron que me buscara la vida, que buscara un sitio para interrumpir el embarazo. Les dije que no quería ir a una clínica privada, que quería ir al 12 de Octubre que era mi hospital. Y me dijeron que tendría que ser en fin de semana cuando no estaba de guardia el jefa de servicio, para que no constara porque no hacían ese tipo de intervenciones en el hospital. Me tuve que esperar a un fin de semana del puente de mayo, me ingresaron y me provocaron el parto, porque tampoco me quisieron hacer un legrado. Estuve un fin de semana entero ingresada, con contracciones, con la epidural y esperando a parir el feto. Terrible», lamentaba Ana.