La ofensiva antiabortista

Marta Vigara, doctora en el Clínico San Carlos de Madrid, se encontró con la negativa de sus compañeros cuando quiso interrumpir su embarazo después de que le fueran diagnosticadas complicaciones que hacían inviable el feto.

Llevaba 17 semanas de gestación y, aunque le dijeron que podía interrumpir su embarazo, no sería en ese hospital, donde todos los médicos del departamento de Ginecología son objetores de conciencia. Marta ha denunciado que la ley del aborto aprobada en 2010 permite la objeción de conciencia individual, pero no colectiva.

A raíz de su testimonio en la Cadena Ser hemos conocido otros muchos casos de mujeres que han sufrido trabas a la hora de ejercer su derecho al aborto en hospitales públicos. Pero además de estas dificultades, muchas han sido acosadas al acudir a clínicas privadas.

La mayoría del Congreso ha aprobado esta semana la toma en consideración de una reforma del Código Penal para perseguir este acoso, como ya han hecho países como Francia. Aunque con el voto en contra del PP y Vox, es un primer paso para tipificar como delito castigado con hasta un año de cárcel el acoso en las puertas de las clínicas a las mujeres que van a abortar.

Para Sonia Lamas Millán, portavoz de ACAI, la asociación de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, vivimos “un punto de inflexión donde tenemos a grupos contrarios al derecho al aborto que ejercen todo su poder para seguir acosando y hostigando”. Pero también, celebra, es un momento en el que las administraciones “han puesto nombre a lo que está sucediendo” y empiezan a trabajar para erradicar este acoso.

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Una opresión y hostigamiento que se materializa con la presencia física a las puertas de los centros sanitarios donde acuden las mujeres a través de la sanidad pública. Allí las mujeres tienen que leer pintadas con mensajes como “vas a matar a tu bebé, aquí se matan niños”. Además, les entregan panfletos que a veces incluso les meten en los bolsos, en los que dicen que “si abortas puedes desarrollar un cáncer, vas a suicidarte o vas a tener problemas con tu pareja”, cuenta Lamas.

Y a esto se suma el acoso a través de las redes sociales o convocatorias. Un ejemplo es la campaña de persecución del grupo “Cañas por España”, que ha estado realizando convocatorias el último viernes de cada mes a las puertas de centros sanitarios con “un despliegue total de cartelería, de pancartas agresivas, con imágenes de restos fetales y donde abogaban por luchar por el fin del derecho al aborto”.

Los grupos de acoso están presentes desde el año 85, pero es ahora cuando son más visibles y extendidos internacionalmente. Lamas ha observado un incremento en el crecimiento y la organización de estos grupos especialmente desde el año 2010, con la aprobación en España de una ley que, además de blindar el derecho al aborto de las mujeres, también se hace cargo del derecho a la salud sexual y reproductiva.

La portavoz subraya la participación de toda la cúpula del Partido Popular en las manifestaciones por el derecho a la vida y que fue este partido, antes de la existencia de Vox, quien llevó la ley al Constitucional. Por lo que, aunque los grupos dicen estar dotados de financiación privada, “siempre han estado al albur de las políticas conservadoras, de las políticas ligadas a lo más talibán de la Iglesia Católica”.

Lamas cree que esto está también relacionado con los grupos anti elección y que todo esté “armado a través de un sistema patriarcal, de lo que significa para las mujeres llegar a ser madres o no ser madres. Las decisiones difíciles se dan porque todavía sigue existiendo mucho estigma y mucha presión sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos, de lo que está bien o lo que no está bien”.

Tras haber tomado una decisión difícil y madurada, insiste la portavoz de ACAI, “el día que se acude a la intervención, las mujeres no necesitan que las hagan sentirse culpables, ni que las llamen asesinas o las inviten a escuchar el latido fetal para hacerlas cambiar de opinión”.

La influencia de las teorías antiabortivas en Texas

Esta ofensiva antiabortista ha alcanzado su cima en el estado norteamericano de Texas, donde las posiciones más integristas han conseguido aprobar una ley que restringe al máximo el acceso de las mujeres al aborto, incluso en caso de violación.

La ley en Texas permite a los ciudadanos particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona, desde un familiar al taxista que la traslada a la clínica, que ayude o incite a una mujer embarazada a abortar más allá de la sexta semana de embarazo. E incluye un mecanismo de recompensa al demandante de 10.000 dólares si el juicio sale a su favor, lo que promueve un sistema de vigilancia a las mujeres que quieran o necesiten abortar.

En la práctica, esta ley supone que el aborto en Tejas está prácticamente prohibido en su totalidad, ya que entre el 85 y el 90% de las mujeres abortan después de la sexta semana de embarazo. Así, las mujeres se ven obligadas a viajar a otro Estado para ejercer su derecho al aborto, lo que convierte a las mujeres más vulnerables, negras, latinas y trans, en las más afectadas.

La ley entra en vigor por la inacción del Tribunal Supremo que se entiende también como una declaración de intenciones con una corte de mayoría conservadora en un momento crucial en esta batalla sobre el derecho a abortar en Estados Unidos, reconocido a nivel federal desde 1973. Una veintena de estados republicanos ha aprobado hasta 600 leyes para restringir el aborto en los últimos años.

Sonia Lamas Millán ve en Estados Unidos un ejemplo de cómo “lo ultra liberal de la ultraderecha ha logrado acceder a las administraciones para legislar”. Y cree que para erradicar este acoso no basta con la pedagogía, es necesaria la vía punitiva.