Cuando alquilar un piso es aceptar un abuso
Doce meses de pago por adelantado, fianzas desmesuradas e incluso garantías como que el propietario pueda acceder a los movimientos bancarios de su inquilino: estos son algunos de los abusos ilegales a los que se están enfrentando muchos españoles para alquilar un piso. Con la pandemia, la situación se ha agravado.
Cartel de manifestación. / Getty Images
Según la ley de arrendamientos urbanos los caseros no pueden exigir más de un mes de fianza, dos meses de garantía adicional, y una mensualidad por adelantado. Muchos inquilinos denuncian, sin embargo, que les están obligando a firmar contratos que contravienen la legalidad.
El ministerio de Consumo es consciente de estas prácticas abusivas. La semana pasada envió una carta a las inmobiliarias y a las plataformas de compraventa y alquiler de pisos en internet para pedirles que pongan freno a las irregularidades. De momento, estas empresas alegan que las anomalías no son su responsabilidad.
En Código de Barras hemos hablado con Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, que nos ha explicado que cuando el contrato de alquiler se establece entre dos particulares, como suele ser en la mayoría de casos, la única opción que le queda al inquilino es acudir a la vía judicial para pedir protección. Sin embargo, el coste de reclamar suele ser más elevado que la cantidad de dinero que se reclama.
Montserrat Junyent, asesora jurídica del consejo general del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI), ha expresado que los abusos se producen, pero no son la norma.
