Pagar por conducir
Analizamos con la patronal Fenadismer la decisión del Gobierno de avanzar en el pago de peajes, una medida que, según ha señalado la ministra del ramo, entrará en vigor antes de 2024, en que vence el compromiso asumido ante Bruselas.
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Madrid
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, espera tener lista en "unos meses" la propuesta para el cobro por el uso de autovías y las autopistas de peaje ahora gratuitas tras su reversión al Estado. Una propuesta que se sometería seguidamente a debate, reflexión y consenso político -según sus propias palabras- pero con la voluntad firme de sacar adelante un sistema de tarificación, que ya tienen 24 de los 27 países de la Unión Europea. La fecha tope que ha marcado es 2024, en que vence el compromiso asumido ante Bruselas, pero aún falta por detallar quién tendrá que pagar esos peajes, o qué precio se cobrará por kilómetro, entre otras cosas.
“Lo que están planteando es la necesidad de recaudar más, en este caso se han utilizado las carreteras, como se podía haber utilizado otro argumento, pero en el fondo, en realidad, es la necesidad de que este gobierno, para atender a las políticas sociales, necesita recaudar más” señala en Hora 25 de los Negocios Juan José Gil, secretario general de la patronal del transporte Fenadismer.
“Ahora mismo estamos soportando una elevación importante del precio de los carburantes, en un año han subido un 30%, y lamentablemente ahora mismo no podemos repercutir estos precios en las tarifas que cobramos a nuestros clientes. De hecho, ahora mismo, el ministerio de Transporte hace un observatorio trimestralmente sobre los precios que perciben los transportistas y el resultado es que, sorprendentemente, en plena reactivación económica, los últimos tres trimestres hemos estado reduciendo las tarifas. Por tanto, cualquier incremento, es casi imposible que lo podamos repercutir a nuestros clientes” explica Gil.
Fondo público de pensiones
Según ha podido saber la Cadena Ser, el ministerio de Seguridad Social ya tiene listas las principales características de un fondo de pensiones públicas, que tendrá una comisión máxima de un tercio de lo que cobran bancos y fondos de pensiones: tendrá una comisión del 0,4% por su gestión, frente al 1,25% que cobran hoy los fondos comerciales, y la comisión por depósito será también la mitad de lo que cobran hoy las entidades bancarias: un 0,1% frente al 0,2% fijada por la ley. Según la legislación del Ejecutivo, ese “fondo de pensiones de promoción pública”, estará abierto a que se adhieran empresas mediante la firma de convenios colectivos, administraciones públicas, especialmente ayuntamientos y trabajadores autónomos.
“A falta de conocer el texto concreto, una vez que se publique el anteproyecto, lo que va a permitir es que, promoviendo el Estado fondos de pensiones de capitalización, sean estos gestionados por gestoras especializadas, por lo tanto, no podríamos hablar de fondos de pensiones de empleo, que desde nuestra asociación saludamos y apoyamos” apunta Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, quien considera que deben incorporarse varias cuestiones, como “un incentivo fiscal potente para las empresas para que verdaderamente constituyan fondos de pensiones de empleo y esta ley no se quede en agua de borrajas” y la conveniencia de “seguir incentivando el sistema individual, como hacen todos los países”.
