Las víctimas del amianto denuncian el abandono institucional: "No tenía fuerzas ni para atarme los zapatos"

Madrid

El uso del amianto está prohibido en España desde 2002, pero todavía se encuentra en muchos edificios. Naves industriales como en la que trabajó Ricardo Torregrosa desde los 16 años: "Estaba dentro de un recinto muy pequeño y sin ventilación exterior. Yo usaba un cordón de amianto para empaquetar los cables en las cajas de conexiones. Trabajábamos todos juntos. Sin ventilación ni medidas de seguridad. Mirábamos para arriba y parecía que estaba nevando". Ahora, con 60 años más tarde, apenas puede salir de casa porque no puede caminar más de media hora y necesita oxígeno todo el día. Al director de la asociación de víctimas de Amianto en Cartagena, el material le ha producido, dice, patologías incurables e irreversibles. Tras trabajar más de 40 años en Navantia, una constructora Naval, le descubrieron que tenía fibras de amianto en los pulmones y derrames pleurales.

En España, al menos 6.982 personas han muerto por culpa del amianto desde el año 1998. Estos números, corresponden solo con el mesotelioma, un tipo de cáncer, pero que no es el único que puede provocar. Los de laringe y de pulmón son otras dolencias comunes en personas que han trabajado con él. Por lo que el número de víctimas es mucho mayor.

Antonio Santamaría, de 72 años, y miembro de la asociación Avida, no solo "disfrutaba" de la niebla por las calles de Valladolid, si no que también padecía esa nube blanquecina en el trabajo. En concreto, dedicó 39 años de su vida a la empresa Uralita. La constructora quebró a principios de 2020 por las denuncias de muchos de sus trabajadores afectados por el amianto en toda España y ha dejado muchas indemnizaciones sin pagar.

Unas indemnizaciones que sirven para "aliviar en vida" el sufrimiento de trabajadores como Patxi Kortazar: "Había días que me levantaba de la cama y lloraba como un crío porque no tenía fuerza ni para atarme los zapatos". Mecánico de mantenimiento en Guipuzkoa, Kortazar inhaló el amianto en un horno de refrigeración. Un reconocimiento médico de empresa en 2003 le vio "algo raro en un pulmón" y, tres años más tarde, le diagnosticaron una neumonía que llevaba padeciendo un tiempo. Tras siete años de juicios con la empresa, consiguió que le reconocieran la enfermedad profesional, algo que el Instituto de la Seguridad Social (INSS) había hecho desde el principio. Desde 2014 padece un dolor crónico por las fibras de amianto que tiene en ambos pulmones.

Pero esta no es su única preocupación. El amianto tiene daños colaterales. "Cada vez que escucho toser a mi mujer o a mi hija me pongo enfermo", explica nervioso. En Cartagena, por ejemplo, ya han fallecido 55 mujeres por mesotelioma por el trabajo de sus maridos. A nivel nacional, según explican las asociaciones, una de cada diez mujeres cuyo marido ha trabajado en contacto con amianto ha fallecido.

Personas como Eugenia Martín que lavaba diariamente la ropa de su marido sin saber lo que estaba tocando: "sacaba de sus bolsillos un polvillo que tiraba al suelo y lo barría sin preocuparme y sin saber que eran fibras de amianto". Desde entonces, ella y su hija tienen que hacerse exámenes médicos una vez al año. El marido de Eugenia, Julián, trabajaba en un taller de trenes de Metro de Madrid. En febrero de 2017, le dijeron en un reconocimiento médico de Metro que estaba todo bien. Dos meses más tardes, en la Seguridad Social le diagnosticaron un cáncer de pulmón. Tras muchas idas y venidas, Julián decidió denunciar a la empresa. A finales de 2018 falleció. Pero, en junio de 2020, Metro tuvo que indemnizar a Eugenia Martín y a su hija con 193.000 euros. La primera compensación en la historia de la empresa por este motivo.

Ricardo, Patxi o Julián tuvieron que pelear varios años con sus empresas para que les reconocieran la enfermedad profesional, algo que el INSS hizo desde el principio. Todos, incluido Antonio, reconocen que desconocían estar trabajando con un material como el amianto.

Actualmente en España, son las compañías quienes se hacen cargo de los trabajadores que sufran enfermedades por culpa del amianto. Algo que está intentando cambiar, entre otros, Jon García, Presidente de la Asociación de Víctimas de Amianto de Euskadi (Asviamie).

A las puertas del Congreso de los Diputados, García se muestra helado, y no solo por el frío de las calles madrileñas o las ganas que tiene de volverse a San Sebastián. "Ha ido bastante mal", indica. Su reunión con los grupos parlamentarios no ha ido bien. Desde 2017 está intentando que el Gobierno incluya en los Presupuestos Generales un plan de compensación que cubra las indemnizaciones de los enfermos por amianto, para que no tengan que ser las empresas las que asuman ese coste, como ocurre hasta ahora. "Queremos que hagan como en otros países europeos como Francia. Que cuando vas con un diagnóstico en el que no hay dudas medicas sobre que es consecuencia de haber estado en contacto con el amianto, inmediatamente tengas derecho a una indemnización".

"Los partidos políticos me han dicho que no hay hueco en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, que ya están cerrados", explica molesto. Según el estudio que han hecho las asociaciones, sería necesario un presupuesto de 25 millones de euros anuales. Lo que supondría el 0,05% del total de los PGE. "Para ellos es el chocolate del loro", dice extenuado García.

El pasado 1 de octubre, el Parlamento Europeo pidió a los países miembros que retirasen el amianto, un proceso que requiere grandes medidas de seguridad y que es muy caro. Mientras, el Gobierno rehúye las demandas de las asociaciones de víctimas. Las cuales, dicen, seguirán luchando.