¿Fin de la temporalidad en la Administración Pública?

Madrid

Tras el compromiso adquirido por el Gobierno con Bruselas –como parte del Plan de Recuperación, a cambio de la llegada de 140.000 millones de euros- y también con los sindicatos, España tendrá que rebajar el elevado porcentaje de temporalidad que aún persiste en la Administración pública: el objetivo es reducirla del 31% al 8%, es decir, 3 de cada 4 empleados públicos temporales tendrán que ser fijos. Este es el objetivo que busca el proyecto de ley que ahora tramita el legislativo y también el que busca el pacto firmado esta semana por PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC, por el que los partidos firmantes se comprometen a convertir en fijos a aquellos interinos que lleven más de cinco años ocupando la misma plaza.

Un acuerdo que exige el cumplimiento de tres requisitos -que se trate de una situación excepcional, que se acuda al procedimiento una sola vez y que cada Administración haga su propia norma- qpara que los interinos que hayan ocupado la misma plaza desde el 1 de enero de 2016 de forma ininterrumpida puedan convertirse en fijos sin tener que superar una oposición, aunque sí se establecería una prueba de méritos. Una medida que, si se tienen en cuenta los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de los más de 2,7 millones de trabajadores públicos en España, podría llegar a afectar a más de 600.000 empleados que actualmente se encuentran en situación de interinidad. Buena parte de ellos -casi un 77%- trabajan en los sectores educativo y sanitario, y prácticamente tres de cada cuatro, son mujeres, sin embargo, sus situaciones, critican muchos de ellos, son muy dispares y, habida cuenta de las dudas que el texto deja sin disipar, no saben si podrán adherirse a este nuevo mecanismo.

"En primer lugar, lo que tenemos que decir es que habrá que conocer exactamente cuál es el texto que acaba saliendo. Es decir, las enmiendas, no podemos olvidar que tienen que debatirse, votarse en sesión plenaria -que todavía no hay fecha- donde podrán confirmarse, cambiarse o alguna decaer. Luego tienen que pasar al Senado... es decir: hay que conocer la literalidad del texto para saber exactamente qué es lo que estamos diciendo" apunta en Hora 25 de los Negocios Miguel Borra, presidente de CSIF. Un texto en que Borra pide que, lo fundamental, es que dote al sistema de seguridad jurídica. "No podemos permitirnos que, otra vez, los tribunales tumben determinadas actuaciones del gobierno, porque esto vuelve a incidir en los interinos, que son los paganos de esta situación" defiende Borra. “A mi me gustaría señalar -continúa Borra- que en lo que vamos conociendo estamos viendo una serie de incongruencias, es decir, hablan de cinco años, ¿pero por qué cinco años y no tres? Que hay sentencias del Supremo que señalan que todo lo que sobrepase tres años es un abuso de la temporalidad. Y hablan de plazas, no de personas” apunta, señalando que aún quedan muchos interrogantes por despejar antes de que los interinos puedan celebrar este acuerdo.