Miércoles, 26 de Enero de 2022

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La política de muerte e impunidad en Filipinas tras el asesinato de Diego Bello

Fernando, tío de Diego, confía en que las presiones del Gobierno de España lleven la investigación hasta el final

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Diego Bello, empresario gallego de 32 años, era un chico muy extrovertido, deportista y sociable, como lo define su tío Francisco. Apasionado del mar y el surf, acabó en Filipinas, donde lanzó varios negocios. “La vida le iba bien”, hasta que la policía lo mató a tiros en la puerta de su casa el 8 de enero de 2020.

Casi dos años después, un nuevo informe del National Bureau of del Intelligence de Filipinas demuestra que a Diego lo mataron sin ninguna razón aparente. Datos que dan cierta esperanza a la familia al ver que poco a poco se empieza a saber lo que ocurrió y falta menos para que se haga justicia, según cuenta Francisco.

El informe desmiente la versión de la policía filipina, que dijo haber tenido un enfrentamiento armado con Diego porque éste les disparó primero cuando se vio descubierto en una presunta operación portando droga en una de sus manos. El NBI asegura que la trayectoria de los disparos analizada en la autopsia indicaba que algunos se hicieron de arriba abajo, lo que desmonta la versión policial de que los agentes actuaron en defensa propia.

También dice que Diego no figuraba en ningún registro de narcotraficantes de la zona. Por eso la Justicia filipina cree que se trata de un montaje que hizo el policía que dirigía la operación, Vicente Pañuelos.

La incógnita sigue siendo por qué y por encargo de quién querían acabar con la vida de Diego. Mientras tanto, “los tres policías que han sido acusados de asesinato, de preparar pruebas falsas y de perjurio, siguen trabajando, siguen cobrando del Estado filipino a pesar de la gravedad de las acusaciones”, denuncia Francisco.

Organización criminal

La familia de Diego se muestra convencida de que hubo una organización criminal. “Ahora el informe de del Ministerio de Justicia dice que hay unas cámaras en los negocios que regentaba Diego y se ve que él sale del restaurante como andaba siempre con sus bermudas, con su camiseta de tiras y que esa pistola no la podía llevar a ningún lado, que no llevaba ni una riñonera tal como apareció en el lugar del crimen...”

Las nuevas pruebas confirman lo que la familia de Diego defendía desde el principio, que no tenía vínculos con el narcotráfico, algo de lo que le habían acusado sin pruebas, basándose en un simple testimonio de un confidente. “No es fácil en sí perder a un hijo o un sobrino de una manera cruel, y tampoco es fácil entender el silencio y la falta de cooperación de las autoridades filipinas”, reconoce Francisco.

La lucha de la familia fue compleja, estando en Galicia y coincidiendo con la pandemia, lo que les impedía viajar. “Mantuvimos el contacto permanente con la embajada española en Filipinas y con el cónsul en Manila”, cuenta Francisco, pero luego no se plantearon ir por el peligro que podían correr.

El caso de Diego llamó la atención de las autoridades al ser el único extranjero muerto por disparos de la policía filipina al amparo de la ley de 2016 Rodrigo Duterte contra la droga que permite a la policía disparar a narcotraficantes en enfrentamientos. Francisco asegura que el Gobierno y la justicia filipina han abierto un total de 52 investigaciones de situaciones similares a la de Diego.

Impunidad generalizada

Human Rights Watch calcula en 12.000 las personas que han muerto en Filipinas a manos de policías en supuestas operaciones antidroga desde que Duterte iniciara su guerra contra el narcotráfico. La policía filipina cifra en 7.000 el número de personas muertas en redadas. Andrés Zaragoza, portavoz de Amnistía Internacional, asegura que allí “la situación de derechos humanos es muy mala desde hace años y se ha recrudecido últimamente”, por eso cree que las muertes podrían ser miles más, ya que, además de a manos de la policía, se producen a manos de grupos parapoliciales.

Zaragoza cree que la impunidad en Filipinas se ha generalizado desde la llegada de Duterte al poder en 2016. “Animaba a la policía a matar a la gente, y esto provoca también una impunidad”. No solo no se penaliza a los policías por matar, sino que a veces se les asciende.

La investigación del caso de Diego y el reconocimiento de que es un montaje de la policía le parece una noticia importante que puede jugar en contra del Gobierno al demostrarse que no es un problema puntual, sino que forma parte de una política, según el experto.

Francisco cree además que ha podido influir en la investigación el hecho de que el presidente Rodrigo Duterte vaya a quedar “desamparado” cuando pierda la presidencia el próximo año al no poder presentarse a la reelección. “Puede haber un intento de lavado de cara por parte del régimen”.

La familia confía en que las presiones del Gobierno español hagan que se lleve este caso hasta el final.

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