La Rioja intensifica los controles sobre contratos y precios esta vendimia

Logroño

A las puertas de la generalización de la vendimia en La Rioja, por ahora se han recogido aproximadamente 20 millones de kilos de uva, en especial, en Rioja Oriental, la denuncia por parte de las organizaciones agrarias es la misma: los agricultores, en muchos casos, siguen entregando la uva sin conocer su precio y sin haber firmado un contrato.

Una situación que se pretende revertir desde el Gobierno de La Rioja con el refuerzo de las inspecciones y controles. La consejera de Agricultura, Eva Hita, ha avanzado que se van a intensificar las inspecciones para "velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria". De esta forma, está previsto que este año los controles se lleven a cabo en 18 entidades, el doble que el año pasado, en concreto, en 14 bodegas, además de dos plantes de champiñón y dos congeladoras de judía verde y zanahoria.

En 2021 se llevaron a cabo nueve inspecciones a compañías de frutas de hueso, patata y almazaras, que se saldó sin ninguna sanción. Las sanciones, en caso de ser muy graves, pueden alcanzar hasta el millón de euros. Hita ha recordado que el Gobierno de La Rioja ha sido "pionero" en aportar transparencia al mercado con la creación del Observatorio de Precios con análisis de costes de producción en marzo de 2020. “Somos ahora también pioneros en establecer una política de control intensa. El año pasado fuimos una de las cinco comunidades que trasladamos nuestros planes de control a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura. Y La Rioja está entre las siete comunidades que más controles realiza en el marco de la cadena alimentaria, a pesar de su tamaño y dimensión sectorial”.

“La nueva Ley de la Cadena Alimentaria del Gobierno de España supone un verdadero cambio de cultura en la cadena agroalimentaria en favor del equilibrio, la transparencia y la creación de valor en todos sus eslabones, en especial, y esa es su piedra angular, para el sector primario”, ha incidido. “La nueva Ley de la Cadena Alimentaria es una verdadera reforma que ofrece los mayores compromisos, garantías y cobertura en la defensa de los intereses del sector primario, el eslabón más débil. El Gobierno de La Rioja está absolutamente comprometido con el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, pero este cumplimiento no será efectivo sin el compromiso de todos los eslabones de la cadena, que es el que garantizará el éxito en la aplicación de la Ley para una mayor dignificación, protección y mejor retribución de los agricultores”.

El contrato, pieza clave de la Ley de la Cadena

“La Rioja es región referente de calidad vitivinícola y este modelo de calidad tiene que estar recompensado justamente en precio para el sector primario. La pieza clave de la Ley de la Cadena Alimentaria es el contrato escrito. El primer elemento de control es el contrato y es lo que da estabilidad a la relación entre las partes, que quedan regladas. El contrato es un vehículo de ordenación de la oferta. Es una cultura que tenemos que ir asimilando. Tenemos que permearlo en nuestra forma de hacer”, ha destacado. “Desde el Gobierno de La Rioja, nuestro compromiso es total, nuestra acción es toda. Pero necesitamos sumar a todos los actores en esta responsabilidad compartida de que la cadena alimentaria sea una cadena justa y verdadera creadora de valor”, ha resaltado.

La Ley de la Cadena Alimentaria establece la prohibición de la venta a pérdidas; la transparencia en la formación de precios, con los costes de producción como base de los contratos, así como una mayor transparencia en la contratación, con una obligatoriedad de las relaciones contractuales mediante el registro de contratos.

En relación a la implementación de la Ley de la Cadena, la directora general de Desarrollo Rural, Nuria Bazo, ha señalado que el personal técnico del servicio control alimentario, está llevando a cabo estas inspecciones, en las que comprueba si existen contratos por escrito entre las partes en las operaciones de compra-venta; consulta si el precio de los productos queda recogido en los contratos y si cubre los costes efectivos de producción; verifica si las modificaciones de precios han sido pactadas entre las partes y constata si la empresa cumple con los plazos de pago, y dispone de las facturas y pagos necesarios.

Obligatoriedad de cubrir los costes de producción, Bazo ha insistido en que deben formalizarse contratos alimentarios por escrito antes de la entrega de los productos agrícolas o alimentarios en todas las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores de la cadena alimentaria desde la producción a la distribución. Es una obligación que los precios a pagar en el campo por la industria, los operadores o la distribución, cubran los costes de producción. Esta imposición permitirá, que, a lo largo de toda la cadena, se vayan incorporando los costes en cada eslabón con la prohibición de no vender un producto a pérdidas.

A partir del 1 de enero de 2023 estará puesto en marcha por el Ministerio de Agricultura, y a él tendrán acceso las autoridades de ejecución, el Registro digital de contratos alimentarios en el que el comprador deberá registrar todos los contratos alimentarios, incluyendo sus modificaciones, que se suscriban con los productores primarios y las agrupaciones de éstos antes de la entrega de los productos.

Sanciones

En el caso de infringir alguna de estas obligaciones, la empresa puede sufrir una sanción, que varía según el grado de la infracción: de 205 euroshasta 3.000 euros si se cataloga como leve; entre 3.001 y 100.000 euros si se califica como grave; y entre 100.001 y un millón de euros si se considera muy grave. Se considera infracción muy grave la no formalización por escrito de los contratos alimentarios cuando esta formalización sea obligatoria o no incorporar en el contrato alimentario el precio.

Además de las inspecciones de oficio, se podrán realizar inspecciones derivadas de las denuncias. En este sentido la Autoridad de Ejecución adoptará todas las medidas necesarias para proteger la identidad de los denunciantes, así como de cualquier otra información cuya divulgación el denunciante considere que sería perjudicial para sus intereses. La protección de la identidad del denunciante se garantizará tanto en vía administrativa como, en su caso, en vía judicial. En este último caso, la autoridad de ejecución, actuará en su nombre y representación, si es necesario, y siempre que esa representación no suponga indefensión. No se informará al denunciado de la identidad del denunciante.