Beatriz Arraiz: "El ayuntamiento conocía desde el inicio que estaba incumpliendo las bases del proyecto "
La Delegada del Gobierno asegura que el Ministerio de Transportes no ha tomado una decisión técnica y no política
Beatriz Arraiz: "El ayuntamiento conocía desde el inicio que estaba incumpliendo las bases del proyecto "
La Delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, recuerda que la adjudicación de fondos europeos responde a criterios técnicos como cualquier otra subvención. Beatriz Arraiz explica que pueden ser unos criterios estrictos, pero que el ayuntamiento de Logroño los conoce desde el inicio. "Los fondos europeos, todos lo sabemos, también el Ayuntamiento de Logroño, tienen criterios, en algunos casos, tremendamente estrictos . Si existen unas bases reguladoras hay que cumplirlas y esa es la clave de todo", asegura la Delegada.
En cuanto a las acusaciones del Alcalde contra el ministro Óscar Puente, Beatriz Arraiz asegura que no son de recibo porque el ministerio de transportes solo aplica la norma que rige la concesión de estos fondos. "No ha habido ninguna decisión política dirigida porque desde desde el inicio, ya en el año pasado cuando se revirtió ese tramo de Avenida de Portugal, se advirtió de que se estaban incumpliendo las bases. Desde el primer minuto se conocía por parte del Ayuntamiento de Logroño que no se estaba actuando convenientemente".
Unas declaraciones de la delegada después de que el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desestimase definitivamente que el ayuntamiento de Logroño modifique y reduzca los carriles bicis e itinerarios peatonales que se comprometió a desplegar con fondos europeos. Así se lo ha trasladado el ministerio al consistorio a última hora de esta mañana. Son tres proyectos concretos: la conexión ciclista y peatonal del Polígono Cantabria a través del puente A-13, el Eje ciclista Este-Oeste y la remodelación de la Calle Sagasta.
Ahora el ayuntamiento tendrá que optar entre ejecutar las obras tal y como estaban planteadas o renunciar a las ayudas y devolver 6,5 millones de euros de fondos europeos, con la posible sanción correspondiente. Así se cierra la vía administrativa y solo le quedará la posibilidad de acudir a los tribunales.