Atajar el problema de la vivienda: estas son las reacciones de los partidos políticos en La Rioja
De la vivienda pública a la mayor disponibilidad de suelo, pasando por las deducciones fiscales y el control de los precios para favorecer el acceso de las familias
Reacciones de los grupos políticos a las medidas para atajar el problema de la vivienda
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Logroño
El Gobierno de España ha presentado su plan para atajar el problema de la vivienda, que incluye 12 medidas con el objetivo de ampliar el número de viviendas en el mercado, incrementar la regulación y aumentar las ayudas mediante el impulso de un parque público de vivienda y beneficios fiscales para aquellos particulares que amplíen la oferta en el mercado.
Todo ello después de que el Partido Popular detallara en Asturias este fin de semana su propio modelo, que pasa por la liberación de suelo, una medida que contribuyó a la burbuja inmobiliaria, además de rebajas fiscales para los compradores de vivienda de segunda mano
"El Gobierno de España ha puesto sobre la mesa un ambicioso paquete de medidas para convertir la vivienda en el quinto pilar del estado de bienestar y facilitar el acceso a la misma a todos los ciudadanos", ha destacado el diputado socialista, Sergio Martínez. Desde su punto de vista, es relevante, en especial, "la puesta a disposición de la nueva empresa pública de más de 3.000 viviendas y de más de 2 millones [de metros cuadrados] de suelo residencial, que permitirá la construcción de nuevos hogares en nuestro, así como la incorporación a esta empresa de más de 30.000 viviendas de la Sareb". Por último, Martínez también destaca "las nuevas medidas anunciadas para incentivar a los propietarios de viviendas vacías o inmuebles en desuso su salida al mercado del alquiler y una mayor seguridad jurídica y un nuevo sistema de garantías tanto para propietarios como para inquilinos".
Suelo
El planteamiento del Partido Popular incluye ampliar de 35 hasta los 40 años la edad de solicitud de los avales del ICO para el 20% del precio de la vivienda que no cubren las hipotecas; reducir al 4% por ciento el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de segunda mano -este impuesto asciende al 7% en este momento en La Rioja - y liberar más suelo para la construcción de vivienda. "El Gobierno de La Rioja ya hizo solicitud a la ministra de Vivienda en agosto sobre la liberación de suelo y vivienda por parte de la Sareb, aunque todavía no hemos recibido respuesta", ha adelantado la diputada del PP, Begoña Martínez Arregui.
Por su parte, Vox recuerda que el Partido Popular rechazó hace menos de un mes en el Parlamento de La Rioja sus medidas para "ampliar la edad de los avales del ICO y aplicar deducciones fiscales", según incide su portavoz, Ángel Alda.
Por último, IU resalta la importancia de ampliar el parque público de vivienda con destino al alquiler e intervenir en el mercado con la regulación de precios. "Generar un parque público para garantizar esas necesidades básicas, pero también es necesario regular el mercado", según apunta la diputada de esta formación, Henar Moreno, que asegura que es preciso que las familias "no destinen más de un 30% de sus ingresos al alquiler o la compra de vivienda".
Plan Revive
Por otro lado, La Rioja cuenta con una medida singular en el ámbito de la vivienda, que está proporcionando resultados satisfactorios en el primer año de andadura. Se trata de una ayuda de hasta 40.000 euros para la compra, la rehabilitación o la autopromoción en municipios de hasta 5.000 habitantes. La medida ha supuesto hasta el momento un desembolso de 9,5 millones de euros en beneficio de 570 jóvenes de 90 municipios, según ha detallado Martínez Arregui. Por ahora, el 65% de los beneficiarios son menores de 35 años, es decir, más de 300 jóvenes y 130 solicitudes corresponden a municipios de menos de 500 habitantes, de acuerdo a los datos facilitados.
Los beneficiarios deben tener hasta 45 años para obtener esta ayuda que varía en función de la población del municipio: 40.000 euros en localidades de hasta 500 habitantes; 30.000 para aquellos con entre 501 y 2.000 vecinos y, en tercer lugar, 20.000 euros para los de hasta 5.000 habitantes.
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