"El poder público no puede ser arbitrario": el presidente del Consejo Consultivo de La Rioja defiende su papel como garante de la legalidad

Logroño

El Consejo Consultivo de La Rioja ha hecho entrega esta semana de su memoria anual correspondiente a 2024. Su presidente, José Ignacio Pérez, ha recordado que este órgano es el "supremo consultivo de la comunidad autónoma" y que, aunque a menudo se percibe como distante para la ciudadanía, su función es clave como garante del cumplimiento legal por parte de las administraciones públicas.

"Somos un órgano independiente, no pertenecemos al Gobierno ni al Parlamento, aunque ambos puedan solicitarnos dictámenes", explica Pérez. Según sus palabras, el Consejo analiza si las decisiones y normas que se proyectan desde el poder público se ajustan a la legalidad vigente. "El ciudadano quiere saber que el poder público no es infinito, que no puede ser arbitrario, y ahí entra nuestro papel", subrayó.

En 2024, el Consejo Consultivo tramitó dos consultas sobre proyectos de ley y catorce sobre reglamentos, fundamentalmente decretos impulsados por el Gobierno de La Rioja. Además, una parte muy significativa de su trabajo estuvo relacionada con dictámenes sobre responsabilidades patrimoniales, especialmente en el ámbito sanitario.

"Estas reclamaciones son frecuentes y conocidas por la ciudadanía", señala Pérez, haciendo alusión a los casos en los que los pacientes consideran haber sufrido daños durante intervenciones o tratamientos médicos. También se incluyen demandas por caídas en la vía pública o deficiencias de servicios prestados por los ayuntamientos.

Uno de los casos más relevantes tratados el pasado año fue el de los bebés robados, que tuvo una gran repercusión a nivel nacional. En ese asunto, el Consejo propuso una indemnización elevada que fue aceptada por el Gobierno de La Rioja. "No siempre ocurre esto, pero en ese caso hubo voluntad de reconocer el daño", apunta Pérez. En cambio, en otros casos sanitarios, la administración autonómica no suele aceptar sus recomendaciones, lo que puede derivar en que las reclamaciones lleguen finalmente a los tribunales.

A pesar de estas diferencias, el presidente del Consejo considera que sus dictámenes son una herramienta útil también en el ámbito judicial: "La autoridad judicial tiene en cuenta nuestros informes al valorar las sentencias".

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