La Rioja suma 200 nuevas plazas públicas en residencias de mayores
Políticas Sociales adjudica un nuevo contrato que contempla 1.160 plazas para personas dependientes con una inversión de 37 millones el primer año
Un usuario de una residencia de mayores de La Rioja. / Cadena SER
Logroño
La Consejería de Políticas Sociales ha adjudicado un nuevo contrato por el que se amplía en 200 el número de plazas públicas en residencias para personas mayores. Así se recoge en este nuevo contrato que contempla 1.160 plazas, con un incremento de 200 más, y una inversión de 37 millones de euros (sin IVA).
Una medida con la que se pretende dar respuesta al "creciente envejecimiento de la población", ha explicado la consejera de Políticas Sociales, María Martín. La Rioja cuenta en la actualidad con 3.917 plazas distribuidas en 36 residencias (2.200 de carácter público y 1.700 privadas), de acuerdo a los datos del Ejecutivo. "Somos una de las seis comunidades autónomas que están por encima de la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años", según la consejera.
Con ello, “se promueve la permanencia de las personas mayores en su entorno, facilitándoles la posibilidad de elección de centro al contemplar en la bolsa de plazas públicas puestas a disposición del Gobierno de La Rioja las residencias ubicadas en las zonas rurales de La Rioja Alta y La Rioja Baja”.
En concreto, las nuevas plazas se han repartido entre las localidades de Logroño, Anguiano, Quel, Cenicero, Alfaro y Ventas Blancas y se distribuyen entre 16 entidades.
Con una inversión cercana a los 37 millones de euros para el primer año, la adjudicación de plazas públicas se ha dividido en varios lotes para atender a centros de diferentes capacidades y ubicaciones dentro de la comunidad autónoma:
- Lote 1: Centros de hasta 99 plazas autorizadas, con 326 plazas.
- Lote 2: Centros con 100 o más plazas autorizadas, con 834 plazas.
El contrato tiene una duración inicial de un año, del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de tres años por un importe global de 111 millones de euros.
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