La Plataforma por la Escuela Pública tilda de continuista el nuevo decreto de Convivencia Escolar

Logroño

La semana pasada el Consejo de Gobierno de La Rioja daba luz verde al texto del nuevo Decreto de Convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Un texto, que según explicaba el portavoz del ejecutivo, está basado en la responsabilidad compartida y en un modelo integrado de convivencia escolar.

La norma, ya en vigor, apuesta por la resolución del conflicto a través del diálogo y la profundización en el entendimiento del problema, potencia el papel socializador del centro educativo y reconoce al profesor como autoridad pública con presunción de veracidad. Así, tal y como recoge el texto, la calidad educativa y la convivencia son dos ámbitos estrechamente relacionados, necesitados de respeto y constituyen una garantía esencial de los derechos de todos los sectores de la comunidad educativa.

Luces y sombras del decreto

Hoy hemos analizado, con distintos actores de la comunidad educativa, los detalles de este nuevo decreto que, aseguran desde la consejería de Educación, era necesario, porque tenía que venir a reforzar el diálogo y la autoridad de profesor. Fabián Martín, el director general de Innovación y Ordenación Educativa, explica que “sentíamos que había una necesidad palpable de modificar esa normativa y eso es lo que hemos hecho. Además de dar esa mayor seguridad, dar esas herramientas a los centros para que puedan gestionar la convivencia. Pero, por supuesto, primando desde luego siempre la cultura del diálogo, la resolución pacífica de conflictos y una convivencia positiva”.

En este sentido, el sindicato ANPE La Rioja, a través de su presidente, Gustavo Navas ha remarcado que este decreto es muy positivo y ha puesto en valor el apartado en el que se refuerza de manera especial la autoridad del profesor, “es importante que por parte del equipo directivo haya obligación de poner en conocimiento de la consejería y, en su caso, del Ministerio Fiscal, conductas graves que puedan ser constitutivas de delito, y que tenga el docente una asistencia jurídica, creo que también es importante que se respalde de esta forma a la labor que día a día hacemos en las aulas”.

Mientras, la Plataforma por la Escuela Pública asegura que este decreto es continuista. Su portavoz Pedro Antolín afirma que no aporta nada nuevo, ya que la autoridad del profesor está ya regulada por ley. Y añade además de que se olvida de la prevención para apostar más por lo punitivo, “olvida un poco el trabajo previo que hay que hacer con el alumnado para no llegar a estas sanciones que tan bien reflejadas vienen en este nuevo decreto y, desde luego, lo que sí que es necesario son los recursos”.

Y por último, las familias, FAPA Rioja. El secretario de la federación, Esteban García, señala que valoran que este nuevo decreto haya recogido las demandas de los profesores, pero denuncian que las familias no han sido partícipes de su elaboración. Además de que también exigen que ahora se pongan los recursos necesarios para su desarrollo, “estos trabajos deberían ser conjuntos y hechos en una unión política, en una unión de sindicatos, en una unión de toda la comunidad educativa, mirado desde un punto pedagógico. El decreto puede estar bien, sí, pero yo creo que necesita recursos”.

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