UNIR asesora al Congreso para legislar con base científica la protección de menores en redes sociales

Logroño

El impacto de las redes sociales en la salud psicológica de niños y adolescentes se sitúa en el centro del debate político con respaldo científico. Tres investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) participan en la elaboración del ‘Informe C: Redes sociales y menores’, un documento presentado en el Congreso de los Diputados que sintetiza cerca de 400 estudios para orientar futuras políticas públicas.

En una entrevista en Radio Rioja, Joaquín González Cabrera, uno de los expertos de UNIR que integra el panel de 21 especialistas de máximo nivel, subraya la importancia de contar con evidencia científica para evitar análisis simplistas. “El informe permite a los diputados y diputadas tomar decisiones basadas en datos y no en eslóganes sobre redes sociales y menores”, señala.

Uno de los aspectos clave del estudio es el desmontaje del mito del “nativo digital”. González Cabrera explica que el uso frecuente de la tecnología no implica una competencia digital crítica. “Los menores usan las aplicaciones, pero no siempre saben utilizarlas bien, de forma madura o consciente de los riesgos. Entre usarlas y usarlas correctamente hay un paso importante”, indica. En este sentido, el informe propone ir más allá del simple conteo de horas de pantalla y analizar el tipo de uso, el contexto y sus consecuencias.

Plataformas tecnológicas

El documento también pone el foco en el papel de las plataformas tecnológicas y en lo que denomina el “negocio de la atención”. Según los investigadores, muchos diseños están pensados para captar y retener el tiempo de los usuarios, incluidos los menores. “Las aplicaciones están hechas para monetarizar nuestra atención. Ese elemento necesita regulación, especialmente en etapas de vulnerabilidad como la infancia y la adolescencia”, advierte González Cabrera.

Entre las medidas urgentes, el informe plantea implantar sistemas efectivos de verificación de edad, compatibles con la privacidad, que limiten el acceso a contenidos y funciones inadecuadas. Además, defiende la llamada “seguridad por diseño y por defecto”, es decir, que las plataformas incorporen protecciones desde su propia arquitectura.

Otro de los mensajes centrales es que la protección de los menores no puede recaer únicamente en familias y centros educativos. “No podemos responsabilizar solo a padres y colegios cuando existe un diseño muchas veces pernicioso que dificulta su labor”, afirma el investigador.

El informe también identifica factores que aumentan la vulnerabilidad digital, como un uso superior a dos horas diarias, edades entre 11 y 15 años, el género femenino, un nivel socioeconómico bajo o la falta de redes de apoyo social.

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