UNICEF pide poner a la infancia en el centro para mejorar la protección de niños y niñas

Logroño

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en una ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, una reforma que incorpora nuevas medidas para reforzar los derechos de niños, niñas y adolescentes. En una entrevista en Radio Rioja, la responsable de Políticas de Infancia de UNICEF España, Lucía Losoviz, analiza los principales cambios que se están planteando y subraya la importancia de esta normativa en el contexto nacional e internacional.

Losoviz destaca que la ley supone “un hito” al situar a la infancia en el centro de las decisiones públicas y abordar de forma integral la violencia contra los menores. En este marco, una de las medidas clave es que los niños y niñas sean escuchados de forma obligatoria en todos los procesos judiciales y administrativos que les afectan. “Tienen derecho a participar y a ser escuchados en todas las decisiones que influyen en su vida, tal y como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño”, señala, recordando que la reforma busca ampliar los límites de edad que actualmente restringen este derecho en algunos casos.

Otro de los avances que se contemplan es la ampliación del plazo de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores. Actualmente, estos delitos prescriben a partir de los 35 años de la víctima, tras una ampliación ya realizada en años anteriores, pero el objetivo es extender aún más ese margen. Según Losoviz, se trata de una demanda histórica de muchas víctimas, ya que “en muchos casos se tarda años en reconocer que se ha sufrido violencia en la infancia”. Esta ampliación permitiría facilitar las denuncias y los procesos de reparación personal.

La reforma también apunta a incorporar por primera vez en una ley estatal el concepto de violencia institucional, es decir, aquellas situaciones en las que los propios mecanismos públicos no garantizan adecuadamente la protección de los derechos de la infancia. Desde UNICEF explican que se trata de un aspecto pionero que todavía debe analizarse en profundidad cuando se conozca el texto definitivo.

Entre las propuestas que la organización considera imprescindibles figura la ampliación de la prueba preconstituida hasta los 18 años. Este mecanismo permite que los menores víctimas de violencia declaren una sola vez ante profesionales especializados, evitando la revictimización que supone repetir su testimonio en distintos procesos. Actualmente, esta protección se limita a menores de 14 años y a personas con discapacidad.

Losoviz confía en que esta medida salga adelante, al existir un consenso creciente y avances en el acceso a la justicia, como los juzgados especializados o los espacios de atención integral a víctimas.

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