Hora 14 La Rioja
Sociedad

Las promotoras defienden que han cumplido con los pliegos de la vivienda protegida en Logroño

La asociación CPAR deja el mensaje de que quién accede a una VPO es un comprador y no un beneficiario

Vivienda de obra nueva en Aranda / SEO Cadena SER

Logroño

La Asociación de Empresarios de la Construcción de La Rioja, CPAR, defiende que las promotoras han cumplido con los pliegos y condiciones establecidos para la construcción y venta de vivienda de protección oficial (VPO) en Logroño y sostiene que la eliminación del sorteo público para su adjudicación aporta "seguridad jurídica" al sector.

Hora 14 La Rioja (26/02/2026)

El secretario general de CEPAR, Juan Ramón Liébana, asegura que el objetivo de las empresas es evitar que las promociones queden desiertas, como ocurrió —recuerda— en el caso de Toyoito. “Se quedaron todos los sorteos desiertos, nadie quería ir a Toyoito. Y al final acabó con adjudicaciones directas”, ha señalado. Según explica, cuando una promoción de VPO de iniciativa privada no encuentra comprador, las pérdidas recaen íntegramente sobre la empresa promotora.

Comprador, no beneficiario

Desde la asociación insisten además en un mensaje claro: quien accede a una vivienda de protección oficial es un comprador, no un beneficiario. Subrayan que se trata de una compraventa sujeta a condiciones reguladas, pero no de una adjudicación asistencial.

En cuanto a los precios, Liébana detalla que las viviendas que se están construyendo en Logroño rondan los 200.000 euros. Una cifra que, admite, dificulta el acceso a parte de los solicitantes, ya que no todos pueden obtener financiación hipotecaria. Recuerda que las condiciones del mercado han cambiado de forma sustancial respecto a etapas anteriores.

“Los planes de vivienda funcionaron razonablemente bien mientras había créditos cualificados de VPO. Eso desapareció. No se puede comparar un sistema con otro cuando las condiciones han cambiado”, afirma.

Con el modelo actual, sin sorteo público, las promotoras pueden priorizar a solicitantes que, cumpliendo los requisitos de acceso —con un límite de ingresos de hasta 50.400 euros anuales—, presenten una situación económica más solvente. Desde CPAR defienden que esta fórmula permite garantizar la viabilidad de las promociones y evitar que queden sin adjudicar.

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