COAG alerta sobre el peligro de que la agricultura del carbono caiga en manos de grandes fondos de inversión

Logroño

Y la conclusión del informe es tan clara como provocadora: el agricultor español lleva generaciones siendo el mayor aliado del clima y nadie le ha compensado por ello.

En diciembre de 2024 entró en vigor el Reglamento (UE) 2024/3012, la primera norma europea que crea un marco de certificación voluntaria para las absorciones de carbono en la agricultura. Bruselas tardó décadas en reconocer lo que COAG llevaba tiempo defendiendo: los suelos agrícolas bien gestionados son sumideros de CO₂, no sólo fuentes de emisiones.

El responsable de la oficina de la COAG en Bruselas, Manuel Linares, ha pedido al Gobierno de La Rioja que intermedie para que se puedan reconducir las ayudas a la descarbonización y que se proteja al agricultor profesional.

Y es que Linares tema que "con el marco de certificación que ahora mismo proponen desde Europa y, en principio, va a establecer el Ministerio de Agricultura en este 2026 va a estar fuera todo el sector agrícola y solamente tendrán acceso grandes superficies o fondos de inversión".

Ha explicado que la agricultura del carbono, o 'secuestro del carbono', es una reducción de las emisiones de efecto invernadero ligadas a la actividad agraria y ganadera.

Se da cuando, por ejemplo, “un viticultor de La Rioja comienza a dejar cubierta vegetal en las calles de su explotación y, por consecuencia, deja de hacer pases con el tractor”.

Por eso, ha reivindicado que “la función del 'secuestro de carbono', que es una función pública que lleva implícita la agricultura, sea remunerada" y haya un acceso equitativo a esta certificación a través de cooperativas o de agrupaciones de agricultores".

Reconducir los criterios

Linares asegura que “se deben reconducir esos criterios que establece la Unión Europea para que sean efectivos para el modelo más social y profesional de agricultura".

Principalmente, ha dicho, "con la adicionalidad, porque, tal y como está elaborada la normativa, la línea base se establece en función del momento de la primera medición, por lo que a los agricultores que vienen haciendo las cosas bien les va a penalizar. Parece un poco una broma, pero es así".

Con respecto al papel que puede desarrollar el gobierno de La Rioja, ha señalado que “puede hacer una conexión con la Administración General y Europa para que puedan recabar cuáles son las inquietudes y las necesidades de los agricultores y trasladarlas al ámbito estatal para el aterrizaje de esa normativa europea".

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