Un abogado sobre la prórroga de los alquileres: "Probablemente acabarán muchos asuntos en los juzgados"

Logroño

Incertidumbre para miles de inquilinos tras el rechazo en el Congreso de los Diputados del decreto que pretendía prorrogar los contratos de alquiler y limitar las subidas de renta. En La Rioja, esta medida podía beneficiar a más de 18.000 personas, que ahora se quedan pendientes de qué ocurre con sus contratos y, sobre todo, con las solicitudes de prórroga ya presentadas.

En La Primera Llamada del Día de Radio Rioja, el abogado y colaborador de esta emisora Natxo Villaluenga aclara que la norma deja de aplicarse de manera inmediata, sin margen de transición. “No hay periodo de transición. En el momento que el Congreso no convalidó este decreto, se cae automáticamente y por tanto a partir de este momento no se puede aplicar”, señala.

La principal duda se centra ahora en los inquilinos que solicitaron la prórroga mientras el decreto estuvo vigente. Villaluenga explica que existe un debate jurídico abierto: algunos juristas defienden que esos derechos ya quedarían consolidados, mientras otros consideran que, al haber decaído la norma, no puede desplegar efectos. “Hay juristas que dicen que una vez que se ha solicitado la prórroga sería plenamente válida y hay otros juristas que entienden que si la norma ha decaído sería irregular y extraño que se aplicara”, indica.

Ante este escenario, el abogado no descarta que muchas situaciones terminen judicializándose. “Probablemente acabarán muchos asuntos en los juzgados”, afirma, al prever que habrá inquilinos que intenten aferrarse a esa prórroga solicitada y propietarios que busquen recuperar la vivienda. Aunque también advierte de que la lentitud de los tribunales puede hacer que algunas partes opten por no iniciar procedimientos, al menos de forma inmediata.

Villaluenga matiza que más que inseguridad jurídica general, lo que se produce es una discrepancia interpretativa centrada en esos contratos que han quedado “en el limbo”. “Los que están un poco en el limbo son esas personas que ya solicitaron la prórroga”, explica, y añade que habrá casos en los que se negocie, otros en los que se mantenga la prórroga y otros que terminen en litigio.

Con el decreto ya fuera, Villaluenga recuerda que vuelve a regir lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, basada en la libertad de pactos entre las partes. Por ello, insiste en que lo primero es revisar cada contrato. “Hay que estar a lo que se pactó en el contrato”, señala, aunque reconoce que lo habitual es que las rentas se actualicen anualmente conforme al IPC.

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