La Justicia obliga por primera vez a la sanidad pública a pagar un cambio de sexo

Madrid

El Instituto Madrileño de la Salud (IMSALUD) no ha recurrido la sentencia que le obliga a la sanidad madrileña a realizar una operación de cambio de sexo, por lo que el fallo ya es firme, lo que ocurre por primera vez en España en un caso de estas características. En consecuencia, la sanidad madrileña tendrá que realizar la intervención.

Un fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado otro del Tribunal de lo Social número 30. Esta sentencia condena al IMSALUD a realizar una intervención quirúrgica para la reconstrucción mediante vaginoplastia de órganos femeninos para el cambio de sexo.

La sentencia, desestima el recurso del IMSALUD a una sentencia anterior dictada por el Tribunal de lo Social número 30 de Madrid, y reconoce el derecho de la interesada, identificada como "Katia", "a ser intervenida quirúrgicamente para la reconstrucción mediante vaginoplastia de sus órganos femeninos".

ESTADO PATOLÓGICO O PROBLEMA DE IDENTIDAD

Tras recordar que según la normativa vigente la cirugía de cambio de sexo es una prestación "no financiable" salvo que se dirija a reparar "estados intersexuales patológicos", el Tribunal considera un hecho probado que la interesada "se encuentra inmersa en el estado intersexual patológico que la norma exige para que la cirugía de cambio de sexo sea a cargo de la Seguridad Social".

El Tribunal considera probado que "Katia" presenta "un trastorno de identidad sexual como resultado de una identificación acusada y persistente con el sexo femenino, manifestaciones firmes de pertenecer al género femenino, de ser tratada como mujer y de experimentar las sensaciones típicas de dicho sexo".

También destaca que sufre "un malestar persistente, que en el pasado le ha llevado a intentos de autolesionismo, sentimiento de inadecuación, con preocupación por eliminar las características sexuales primarias y secundarias". En definitiva, el Tribunal constata que "su trastorno le provoca deterioro social, laboral, familiar y de restantes áreas importantes de su actividad".

La pasada primavera se registró un caso similar en Alicante, aunque en esa ocasión el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana eximó a la Conselleria de Sanidad del pago de la operación de cambio de sexo a un transexual al considerar que la demandante tenía un "problema de identidad sexual" pero no un "estado intersexual patológico".

EL GOBIERNO CATALÁN SI RECURRIÓ

Por otro lado, señala que comparte los razonamientos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en una sentencia similar dictada el pasado mes de marzo condenaba a la sanidad catalana a realizar una intervención de este tipo a un transexual.

No obstante, a diferencia de lo ocurrido en Madrid, la sanidad catalana sí decidió recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. De hecho, la decisión de no recurrir de la administración madrileña ha resultado inesperada para la abogada de "Katia", que reconoce estar "extrañada".

Por su parte, "Katia" manifestó hoy su satisfacción por la resolución judicial y consideró que sienta un importante precedente para las personas que están en la misma situación que ella.

"Katia" explicó que decidió recurrir a la vía judicial para operarse en Madrid en lugar de optar por otras posibilidades, como empadronarse en Andalucía, donde la prestación está reconocida, para someterse allí a la intervención.

Los hechos se remontan a marzo de 2000, cuando "Katia" se dirigió al Hospital 12 de Octubre de Madrid para iniciar el tratamiento para el cambio de sexo. Tras varias consultas, análisis y exploraciones, el 8 de marzo del pasado año solicitó la realización de una vaginoplastia en un centro privado con cargo a la sanidad pública, momento en el que el IMSALUD le respondió que esta cirugía no estaba incluida en las prestaciones salvo en caso de estados intersexuales patológicos, condición que finalmente viene a reconocer el Tribunal.