Admitida a trámite la querella contra Otegi por llamar al Rey "jefe de los torturadores"
El líder abertzale será llamado a declarar y podría ser condenado a entre seis meses y dos años de prisión por un delito de injurias
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, por llamar al Rey Juan Carlos I "jefe de los torturadores".
Esta calificativo sería constitutivo de un delito de injurias, por el que Otegi, que será llamado a declarar como querellado por el Alto Tribunal vasco, podría ser condenado a entre seis meses y dos años de prisión.
Otegi realizó sus manifestaciones contra el monarca el pasado 26 de febrero, con motivo de su presencia en Bilbao, donde inauguró las instalaciones de "Bahía de Vizcaya". El portavoz abertzale respaldó así las acusaciones de torturas que lanzó el director del clausurado diario "Egunkaria", Martxelo Otamendi, contra la Guardia Civil.
Según Otegi, es "lamentable" y de "falta de dignidad política" que "el jefe de los torturadores" inaugurara esas instalaciones "con nuestro insigne lehendakari", Juan José Ibarretxe. El dirigente abertzale lamentó que el jefe del Ejecutivo vasco acudiera a esta acto con "el Rey de los españoles, jefe supremo de las Fuerzas Armadas Españolas y, por tanto mando último de la Guardia Civil".
En su querella, la Fiscalía vasca consideró las palabras de Otegi como un delito de injurias contra el Rey, previsto en el artículo 490.3 del vigente Código Penal. Las injurias graves están penadas con entre seis meses y dos años de cárcel, mientras que para las leves están previstas penas de entre seis a doce meses de prisión.
La Fiscalía cree que Otegi tuvo "un claro ánimo de menospreciar, de atentar al honor ajeno en el caso de Su Majestad el Rey y un claro carácter vejatorio y despreciativo hacia la persona de Su Majestad y lo que representa". Además, considera agravante que las palabras se produjeran después de las denuncias de Otamendi contra la Guardia Civil.
Los términos usados por Otegi son, para la Fiscalía, "impropios y excesivos", por lo que no pueden estar amparados en la libertad de expresión, la libertad ideológica o la representación política. La Fiscalía recuerda que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen límites al ejercicio de estas libertades.
