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Los crímenes del Congo, primer caso de la Corte Penal Internacional

Ha recibido múltiples denuncias contra EEUU, pero no puede juzgar a sus ciudadanos

La Haya

La Fiscalía investigará el caso de la provincia nororiental de Ituri donde, según un informe de Naciones Unidas, grupos de rebeldes masacraron a más de un centenar de civiles, cometieron actos de canibalismo y violaron a decenas de mujeres en octubre del año pasado.

Las atrocidades cometidas en la República Democrática del Congo (RDC) serán el primer caso que analizará la Corte Penal Internacional (CPI), anunció hoy, miércoles, el fiscal Luis Moreno Ocampo.

La Fiscalía recibió seis denuncias sobre este caso, algunas de las cuales eras informes "muy detallados y documentados", acompañados de testimonios de víctimas, testigos y fotografías realizados por Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Las primeras investigaciones, que se pueden prolongar durante varios meses, son únicamente el primer paso para determinar la gravedad de lo acontecido, para lo que el fiscal recabará información de los medios de comunicación, los gobiernos, organismos internacionales o no gubernamentales y, si fuera necesario, de algún testigo. Sólo a continuación, el fiscal podrá formular las acusaciones concretas contra los presuntos criminales.

La Oficina de Moreno Ocampo eligió la RDC entre las más de 499 comunicaciones recibidas desde que la CPI entró en vigor el 1 de julio de 2002, por considerarlo uno de los casos más urgentes. "A fines de año, tendremos posiblemente algunos casos más", adelantó el fiscal, quien explicó que había recibido otros 75 informes muy completos de denuncias de graves atrocidades, aunque no precisó el país al que correspondían.

EEUU, EXCLUIDO DE LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL

Moreno Ocampo reconoció que la mayoría de las denuncias eran sobre los presuntos crímenes cometidos por la tropas estadounidenses y aliadas durante la guerra de Irak y explicó que "en la mayor parte de los casos no eran de su competencia".

La CPI puede juzgar los crímenes cometidos tras su entrada en vigor, por ciudadanos o en territorio de alguno de los estados que han firmado los Estatutos de Roma, entre los que no se encuentran ni Irak ni Estados Unidos. En el caso de denuncias contra los estados aliados, el fiscal dijo que no tiene "información sobre la voluntad de los propios

Estados para juzgarlos".

Según el Estatuto de Roma, la CPI sólo puede actuar cuando los gobiernos involucrados no quieran o no estén en situación de juzgar los crímenes cometidos.

 

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