La Ley de Garantías obliga a los usuarios a demostrar las averías
Para las asociaciones de usuarios, la reforma es positiva pero llega tarde y es incompleta
Diversas asociaciones de consumidores coincidieron en criticar las modificaciones de la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo que entra hoy en vigor por considerarla insuficiente y rechazar que obligue a los usuarios a demostrar las averías o defectos de fabricación de los productos pasados los seis primeros meses.
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), ha tachado el texto del Gobierno de "farragoso, pírrico y poco claro", y ha explicado que los consumidores, transcurridos los seis primeros meses, tendrán que recabar pruebas, como un informe pericial, para demostrar los fallos de los bienes en los dos años que dura la garantía, lo que supondrá "un desembolso económico que puede no compensar".
Además, CECU ha resaltado que la nueva ley se limita a seguir la directiva europea y a alentar unas expectativas sobre el consumidor "que no son reales". A su juicio, se trata de una "homogeneización de garantías a nivel europeo, más formal que real, que intenta contentar a todos y termina por proteger a la industria".
En esta línea, FACUA España ha denunciado que para exigir la sustitución de un producto si no se corresponde al contrato, la publicidad, la oferta del vendedor o la propia naturaleza del artículo "abre las puertas a los vendederos para que se nieguen siempre que su reparación no resulte imposible".
"La Ley condena al consumidor a un absurdo círculo vicioso del que sólo puede salir si el vendedor actúa con serenidad o se recurre a largos procedimientos de denuncia a través de vías que, indudablemente, serían innecesarias si la norma tuviese una redacción más dada a proteger los derechos de los consumidores", ha manifestado esta agrupación.
LLEGA TARDE
Por su parte, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izvierniceanu, calificó hoy de "buena" la Ley aunque cree que "se ha quedado corta" porque se limita a transcribir la directiva europea "sin hacer ningún tipo de cambios".
Además, denuncia el "retraso" de 19 meses con el que llega, que ha provocado desventajas en los derechos de los españoles frente a los europeos. Anunció así la posibilidad de que la OCU inicie acciones judiciales contra la Administración si hubiera consumidores afectados.
Asimismo, ha manifestado que le parece "lógico" que a partir de ahora el responsable del defecto sea el vendedor, cuando antes esta culpabilidad era compartida por éste y por el fabricante. Así, señaló que "si el defecto es de fabricante el vendedor se encargará de tratar con el fabricante, pero al menos la relación entre vendedor y cliente se habrá hecho más cercana".
