Los juicios rápidos permitirán divorcios y separaciones en dos meses
Michavila anuncia 2.043 millones adicionales para seguir modernizando la justicia hasta 2008
El ministro de Justicia, José María Michavila, informó hoy de que la aplicación de los juicios rápidos en el ámbito civil supondrá que los procesos de separación y divorcio se resuelvan en un plazo de dos o tres meses, gracias a la agilización del proceso de señalamiento de los juicios.
Michavila aportó este dato ante la comisión de Justicia e Interior del Congreso durante su comparecencia para informar de los primeros seis meses de aplicación de los juicios rápidos, cuya ampliación a la Justicia civil se aprobará mañana en el Senado en el marco de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
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El ministro expuso que ya se ha producido un descenso de los plazos de resolución de las causas civiles que ahora, dijo, tienen una media de tramitación de diez meses y apuntó que, a partir de la entrada en vigor de la reforma de la LOPJ, esa media bajará a dos o tres meses en lo que afecta a los divorcios y separaciones.
2.043 millones para modernizar
Durante su intervención, Michavila se congratuló por los resultados obtenidos en el primer semestre de aplicación de juicios rápidos en materia penal, en el que se han resuelto 105.000 procesos de estas características, por los 5.000 que se celebraron en todo 2002
El ministro señaló además, que habrá 2.043 millones de euros (340.000 millones de las antiguas pesetas) adicionales para seguir modernizando y agilizando la justicia, hasta 2008.
La exposición del ministro respecto al desarrollo de los juicios rápidos contó con el respaldo de los grupos de CiU y del PNV, mientras que el portavoz socialista, Javier Barrero, discrepó con el ministro respecto al porcentaje de juicios rápidos que comienzan pero no concluyen, índice que, según Barrero alcanza el 40%, mientras que para Michavila es de un 14,2%.
El diputado del PSOE consideró que las cifras que maneja el Ejecutivo "son pura demagogia" y recordó al ministro que los jueces y fiscales exigen más medios y que en la Comunidad de Madrid hay más de 300.000 asuntos pendientes de resolución.
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