Atutxa tendrá que declarar por un supuesto delito de desobediencia

El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y los miembros de esta órgano parlamentario, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, deberán declarar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el próximo 3 de diciembre en el proceso penal que se sigue contra ellos por la supuesta comisión de un delito de desobediencia al no haber disuelto a Sozialista Abertzaleak, tal como ordenó el Tribunal Supremo, según informaron fuentes cercanas a los querellados.

La juez instructora del caso, Nekane Bolado, ha decidido citarles después de que a finales de julio la Sala de Discordia del TSJPV admitiera a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía contra el presidente de la Cámara autónoma y los dos parlamentarios, con los votos particulares de la propia magistrada y del presidente del alto Tribunal vasco, Manuel María Zorrilla, que discreparon de la decisión de tramitarla. De esta forma, el día 3 a las diez de la mañana prestará declaración Atutxa, a las once Knörr y a las doce Bilbao.

Fuentes jurídicas informaron a Europa Press que la juez de la Sala Civil y Penal del TSJPV tambièn tendrá que resolver si considera que los querellados incurrieron en infracción penal, al aprobar la Mesa del Parlamento el pasado 9 de septiembre, con sus votos a favor, que Sozialista Abertzaleak tenía derecho a cobrar las subvenciones del Parlamento, aunque los pagos no han llegado a concretarse.

La Fiscalía vasca presentó un escrito en alto tribunal vasco el 24 de septiembre en el que pidió la unión de la resolución del órgano parlamentario, a instancias de la Fiscalía General del Estado. En este sentido, pidió que la Sala Civil y Penal requiriera a la Cámara la remisión copia certificada del referido acuerdo con el fin de determinar "si pudiera constituir infracción penal y dar lugar, en su caso, a una ampliación de la querella".

Esta Sala del alto Tribunal vasco dictó providencia cinco días después, en la que se manifestaba que esta solicitud debería plantearla a la instructora de la causa. Por ello, el Ministerio Público reiteró su petición a Nekane Bolado y recordó que el auto del Tribunal Supremo declaró nulo este acuerdo y otros cuatro.

En su querella por desobediencia, la Fiscalía acusó a los tres parlamentarios de haberse negado abiertamente a disolver a SA, aunque lo habían intentado "enmascara habilidosamente, bajo la hábil dirección del señor Atutxa, a cumplir una resolución judicial clara y expresa, cuyo cumplimiento había sido reiterado, emanada de un órgano judicial competente"

En el escrito, el fiscal recordaba que este delito está penado con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Además, solicitó que se tomase declaración como testigos a los otros dos miembros de la Mesa del Parlamento Vasco contra los que no se dirige el procedimiento, que son el vicepresidente segundo, Carmelo Barrio, del PP, y el secretario primero, Manuel Huertas, del Partido Socialista.