Sociedad

Zapatero quiere un pronunciamiento de la UE contra el plan Ibarretxe

El líder del PSOE remite para ello una carta al presidente del gobierno

El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, remitió hoy una carta al presidente del Gobierno en la que pide a José María Aznar que la reunión del Consejo Europeo de los próximos días 12 y 13 promueva un pronunciamiento contra el plan Ibarretxe por su "incompatibilidad" con la futura Constitución europea.

Esta iniciativa fue anunciada en conferencia de prensa por la portavoz de la Ejecutiva socialista, Carmé Chacón, quien detalló que la misiva de Rodríguez Zapatero va acompañada de un dictamen jurídico en el que se argumenta que el Plan Ibarretxe "choca frontalmente" no sólo con el espíritu sino con la propia letra del proyecto de Constitución Europea.

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En concreto, según los socialistas, el planteamiento del lehendakari entra "directamente en confrontación" con el artículo primero del proyecto de Constitución y es "contradictorio" con el artículo quinto.

El artículo primero establece que el poder constituyente europeo nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa, mientras que el artículo quinto refleja el respeto de la Unión hacia las funciones esenciales de los Estados, en particular las que tienen por objeto garantizar la correspondiente integridad territorial.

El Plan del lehendakari "no es congruente", concluye Rodríguez Zapatero en la carta, con el libre espacio económico y comercial que supone la Unión "ni con el principio de primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno de los Estados miembros".

Los socialistas, tal y como informa el secretario general del PSOE a Aznar, han estudiado en las últimas semanas con "detalle" las posibles "incompatibilidades" del Plan con la Constitución y consideran que los ciudadanos españoles deben conocer las mismas.

La intención de Rodríguez Zapatero, como él mismo detalla, es introducir en el debate social este hecho de incompatibilidad.

El líder socialista manifiesta en esta carta la relevancia que tendría que las distintas instancias europeas, en concreto la Comisión -ésta ya lo ha hecho- y el Consejo pudieran pronunciarse sobre la "absoluta incompatibilidad" del Plan con la Constitución.

Por eso, prosigue Zapatero, "creo que el próximo Consejo podría suponer una buena ocasión para conseguir algún pronunciamiento en este sentido".

No obstante, el líder socialista deja a consideración de Aznar la fórmula concreta y el momento preciso en el que ese pronunciamiento pudiera producirse, "en la seguridad de que comparte tanto mis preocupaciones como el interés que podría tener la expresión pública por parte de las instituciones europeas" en el sentido citado.

El dictamen jurídico remitido junto a la carta y realizado por el PSOE intenta demostrar si sería posible que la UE aceptara el Plan Ibarretxe, tras lo cual llega a la conclusión de que no es posible.

El principal partido de la oposición realiza primero un repaso de algunos de los objetivos de la propuesta del lehendakari y luego presenta los artículos del proyecto de Constitución europea que a su juicio hacen incompatible el plan con el nuevo texto de la Unión.

En las once páginas de dictamen, los socialistas desglosan además "la contradicción de partida" de ambas propuestas.

Así, advierten de que la UE no reconoce el derecho de autodeterminación; de que no acepta segregaciones unilaterales de su territorio; de que Euskadi no sería un Estado, pero tampoco una región parte de otro Estado; y de que la pretensión de Ibarretxe de tener presencia directa en los órganos de la Unión Europea "no es posible sin la autorización y la vehiculización del Estado".

En este mismo sentido, el PSOE señala que la nacionalidad vasca diferente de la española es de "imposible" reconocimiento en la UE.

Esta carta la remite Zapatero a Aznar después de que el pasado 21 de noviembre hiciera pública, en el transcurso de la reunión del Comité Federal -máximo órgano de dirección entre congresos-, su intención de solicitar al presidente de Gobierno que propusiera a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE una declaración formal para que los territorios "que quiebren el marco legal y emprendan un camino en solitario" sepan que "rompen también con la UE".

 
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