Un juzgado investiga a dos funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona por cobro de comisiones

Barcelona

El juzgado de instrucción número 15 de Barcelona está investigando un supuesto caso de estafa y falsificación en el Instituto Municipal de Hacienda (IMH) de la capital catalana. Según la investigación, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción a instancias del propio Ayuntamiento, dos funcionarios, Andrés Rubio Hernández y José Luis Ayani, habría alterado deliberadamente el cálculo de las denominadas plusvalías que genera la compraventa de terrenos e inmuebles. Con ello lograba que los propietarios pagasen menos impuestos por estas operaciones, a cambio de lo cual percibía comisiones.

Fuentes de la investigación judicial señalan que los funcionarios cobraban determinadas comisiones por alterar deliberadamente las operaciones de cálculo de estas plusvalías, denominado técnicamente "Impuesto sobre el incremento del valor del terreno urbano". El ayuntamiento tendría que haber ingresado por este concepto 1.400.000 euros, pero sólo recibió 650.000.

La Fiscalía, que va a encargar la investigación a los grupos especiales de la Guardia Civil de Barcelona, ha detectado al menos 75 liquidaciones fraudulentas de este impuesto, un fraude del que se habrían beneficiado los 75 propietarios de los terrenos e inmuebles. Gracias a la actuación del funcionario, los propietarios ven significativamente reducida la cuantía de los impuestos a pagar en la venta de sus propiedades inmobiliarias.

Según fuentes judiciales, la alteración consistía en la falsificación de los datos de adquisición del terreno que se quería vender. Los funcionarios colocaba en estos documentos datos más recientes que los reales, de tal forma que hacía figurar datos más recientes a los reales, de tal forma que reducía de manera ficticia el tiempo entre la compra y la venta, con lo que las plusvalías bajaban significativamente.

La Guardia Civil ha interrogado en calidad de imputados a decenas de personas supuestamente implicadas en esta estafa a las arcas municipales. Entre los interrogados hay propietarios de terrenos e inmuebles, así como un amplio grupo de gestores y abogados que actuaban como intermediarios ante el funcionario imputado.

MÁS DE 75 IMPLICADOS

A principios del pasado mes de julio, este funcionario, Andrés Rubio, huyó cuando supo que la Guardia Civil le estaba investigando. Pero a mediados de mes los agentes le encontraron escondido en una prisión de Martorell. Una vez interrogado, fue puesto a disposición del juez, que decretó su ingreso en prisión, donde pasó un mes encerrado de forma preventiva.

Lejos de negar los hechos, el acusado ha facilitado el nombre de otras personas, a las que señala como encargadas de encontrar a propietarios dispuestos a pagar comisiones a cambio de tener que abonar menos impuestos. Entre estas personas inculpadas por el propio Rubio se encuentra Carlos Afan Rivera, que hasta 1989 trabajó en el departamento de Hacienda de la Generalitat como encargado de la tasación de los inmuebles.

La juez que lleva el caso cree que la cifra de propietarios implicados en la estafa podría superar los 75 conocidos a fecha de hoy. Éstos, sus abogados, sus gestores y los intermediarios serán interrogados como imputados en dependencias judiciales. Según fuentes de la investigación todos los imputados han presentado declaraciones complementarias para cumplir la deuda que tienen con Hacienda.