Italia podría cambiar su Constitución para proteger a Berlusconi
Después de que el jefe del Ejecutivo perdiera la inmunidad por una sentencia del Constitucional
Roma
El gobierno italiano intentará volver a dotar de inmunidad frente a la justicia al jefe del ejecutivo, Silvio Berlusconi, a través de una reforma constitucional. El ministro de relaciones con el Parlamento, Carlo Giovanardi, ha anunciado que esta es la opción más probable para que Berlusconi no sea condenado por el caso SME, que le acusa de sobornar a jueces. Es posible que el jefe de gobierno sea imputado de nuevo en este caso después de que el Tribunal Constitucional italiano anulara el pasado martes la ley que le otorgaba inmunidad.
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En medio de las duras críticas de la mayoría gubernamental contra los jueces del Constitucional, a los que acusa de actuar con criterios políticos, el ministro de Relaciones con el Parlamento, Carlo Giovanardi, dibujó ayer los planes futuros del Ejecutivo. "Se comenzará con una ley constitucional", afirmó Giovanardi, que se remitió a la vía de reforma de la Constitución como la "más conveniente" para reintroducir en Italia la inmunidad, suspendida para todos los parlamentarios en los años 90 durante los procesos anticorrupción de Tangentopoli.
La reforma constitucional obliga a completar un largo periodo parlamentario, ya que son necesarias dos lecturas por parte de cada una de las dos Cámaras parlamentarias, con un intervalo entre una y otra de al menos tres meses. La iniciativa planteada por Giovanardi la hizo suya el diputado de Forza Italia y ex abogado de Berlusconi Carlo Taormina, que anunció la presentación de un proyecto de ley inspirado en el modelo de la inmunidad que rige para los parlamentarios europeos.
En ese caso es el Parlamento el que decide si se puede proceder judicialmente contra uno de sus miembros, al contrario de la ley declarada anticonstitucional en Italia, que se limitaba a suspender los procesos contra los cinco altos cargos del Estado durante su
mandato.
La ley anulada por el Alto Tribunal italiano fue redactada y aprobada con toda celeridad para que entrara en vigor antes de que Berlusconi, que ya estaba procesado, asumiese la presidencia de turno de la UE, en julio pasado. Más allá del debate jurídico, la mayoría gubernamental siguió atacando con dureza a los miembros del Constitucional, con la acusación de que actuaron con "intenciones políticas" y la insinuación de que están "conchabados" con la oposición. Ministros poco dados a levantar la voz, como el titular de Exteriores, Franco Frattini, se sumaron al coro de críticas recibidas por los jueces, mientras Berlusconi decidió seguir guardando silencio.
Desde la oposición volvieron a oirse argumentos en defensa de la "legitimidad" de la decisión y de la independencia de los magistrados y en contra de lo que consideran un nuevo intento del Gobierno "de forzar un enfrentamiento institucional". La consecuencia directa de la declaración de ilegalidad de la inmunidad del primer ministro italiano será la reanudación del juicio por corrupción de jueces que se le seguía en Milán y en el ya ha sido condenado a cinco años de prisión su colaborador Cesare Previti.