Chirac encarga una investigación sobre las supuestas presiones al tribunal que juzgó a Juppé

El presidente francés, Jacques Chirac, ha encargado una "investigación administrativa" sobre las supuestas presiones al tribunal que condenó al ex primer ministro Alain Juppé y que según su presidenta fue objeto de escuchas, registros de oficinas y amenazas de muerte.

El gabinete del primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, explicó este domingo en un comunicado que Chirac le ha encargado la creación de una misión para llevar a cabo esa investigación, al frente de la cual estarán el vicepresidente del Consejo de Estado, el primer presidente del Tribunal de Apelación y el primer presidente del Tribunal de cuentas. "Estas tres altas personalidades independientes se encargarán de establecer la verdad de los hechos y proponer al Gobierno las medidas y las sanciones que le correspondería tomar, si llegara el caso", señaló el gabinete de Raffarin.

Recordó que los jueces del Tribunal de Nanterre que condenaron a Juppé a 18 meses de cárcel, exentos de cumplimiento, y a 10 años de inhabilitación para cargos públicos, han declarado haber sido objeto de "amenazas y presiones", y que sus oficinas han sido registradas.

"Si se demuestran, estos hechos son de una extrema gravedad", subrayaron los servicios del jefe del Gobierno, que indicó que desde el momento en que fue informado, el ministro de Justicia, Dominique Perben, encargó a la Fiscalía de Nanterre la apertura de una investigación judicial.

La Fiscalía de Nanterre ya había encargado previamente una investigación a la policía judicial sobre una carta a la presidenta del tribunal que juzgó a Juppé, Catherine Pierce, en la que se le amenazaba.

También se investigó la entrada en el despacho de Pierce de personas a las que ella no había autorizado, aunque al término de las pesquisas se concluyó que el incidente se debió a que un empleado de mantenimiento del tribunal trató de entrar a través de la oficina de la juez a otra contigua.

Pierce, que recibió recientemente una carta en la que se le amenazaba de muerte, afirmó que sus despachos sufrieron varios registros en los últimos meses, que sospechaban que estaban siendo sometidos a escuchas y que tanto ella como sus colaboradores tomaron medidas para garantizar la confidencialidad de sus actuaciones. "Nuestros ordenadores profesionales fueron igualmente registrados. Pensamos también que nuestros teléfonos, incluidos los personales, han sido objeto de escuchas. No sabemos quién está en el origen de esto", declaró la magistrada.

La oposición socialista pidió una comisión de investigación parlamentaria sobre esos hechos, por boca del diputado Arnaud Montebourg y la ex ministra de Justicia, Elisabeth Guigou. Esta última consideró que el de Juppé se ha convertido en un "asunto de Estado", una expresión que retomó este domingo Montebourg, al señalar que Raffarin sigue presionando sobre los jueces al haber dicho, tras la condena contra Juppé, que Francia le necesita.

En una línea similar a la del jefe del Gobierno, el ministro de Enseñanza Escolar, Xavier Darcos, insistió en que Juppé no debe dejar la política, y aludió a que "en toda Francia hay ciudadanos que dicen a Juppé "tenemos confianza en usted, quédese". "Esta demanda no puede no escucharla", afirmó Darcos, quien dijo preguntarse si la condena contra el antiguo primer ministro y actual alcalde de Burdeos "no es desproporcionada"

El ex primer ministro, que pasó el fin de semana reflexionando en casa de sus suegros en Normandía, debe volver a Burdeos, y pronunciarse en París sobre si seguirá en política.

Juppé recurrió su condena, lo que le permite suspender la aplicación de la pena de inhabilitación de cargo público.