Expedientado un ayuntamiento por dar acceso gratuito a Internet
El organismo regulador dice que esta conducta puede distorsionar el mercado
Madrid
El consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) decidió ayer abrir expediente sancionador contra la empresa pública Proyecto Atarfe, como supuesta responsable directa de una infracción administrativa "muy grave" en la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas "sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades".
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El Proyecto Atarfe tiene como único accionista al Ayuntamiento de esta localidad granadina, cuyo alcalde, Víctor Sánchez, es a su vez consejero y presidente del consejo de administración de la entidad mercantil. El proyecto fue denunciado por la empresa TV Atarfe, y después se sumó a esta denuncia otra contra el mismo Ayuntamiento por parte de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (Aotec).
Los denunciantes acusaban al consistorio de Atarfe -que tiene una población de 12.500 habitantes y está a once kilómetros de Granada- de estar prestando servicio de acceso a Internet a través de una red inalámbrica con tecnología 'Wi-Fi' de forma gratuita y sin atenerse a la normativa vigente.
DISTORSIONAR EL MERCADO
A juicio de la CMT, el Proyecto Atarfe ha iniciado la explotación de una red y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), que entró en vigor el pasado mes de noviembre y exige la preceptiva notificación a la CMT con carácter previo al inicio de tales actividades.
La CMT recuerda que ya se ha definido con anterioridad sobre las condiciones regulatorias a las que han de atenerse los ayuntamientos, empresas municipales y demás entidades públicas para la prestación de servicios y explotación de redes. En una resolución de 5 de junio de 2003 advertía que la realización de estas actividades de forma gratuita podría, a priori, producir distorsiones a la libre competencia en el servicio de acceso a Internet y en la explotación de redes públicas de telecomunicaciones.
