Los usuarios de Ya.com-ADSL podrán romper su contrato sin gastos
La filial de T-Online llega a un acuerdo con la Asociación de Internautas
Madrid
Después de varias semanas de conversaciones, la compañía de Internet Ya.com y la Asociación de Internautas (AI) han consensuado la modificación de las condiciones contractuales de los servicios ADSL de la filial española de T-Online, entre las que figura que los usuarios puedan ahora dar por finalizado el contrato sin tener que abonar los gastos de cancelación anticipada.
Más información
Además, la asociación ha solicitado y obtenido del Juzgado de Primera Instancia de Alcobendas (Madrid) la retirada de la demanda que había interpuesto contra Ya.com, al haber alcanzado un acuerdo extrajudicial. A lo largo de varias semanas representantes de ambas partes han revisado todas las condiciones contractuales referidas al servicio de acceso ADSL de Ya.com con la intención de aclarar cláusulas que, a juicio de la AI, "daban lugar a interpretaciones diferentes", habiendo llegado a una redacción "más clara y acorde a los intereses" de los internautas.
Como resultado de las conversaciones mantenidas se ha acordado establecer una dirección postal y un numero de fax únicos para notificación de reclamaciones y bajas; establecer que el número IP del cliente sea susceptible de ser considerado como dato personal del usuario (protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos), así como impedir que Ya.com pueda eliminar contenidos en el caso de que el cliente sobrepase el tamaño permitido para la realización de páginas web.
La necesidad de establecer "criterios mínimos"
La AI valoró "positivamente" el acuerdo, pero llamó la atención sobre la necesidad de que las autoridades competentes establezcan "criterios mínimos" en cuanto a la calidad de las prestaciones de servicios, y en las relaciones contractuales que los ISPs imponen a sus clientes, a su juicio, "en no pocas ocasiones claramente abusivas".
Finalmente, la asociación apuntó que esta situación deja a los usuarios "desprovistos de una defensa legal ante las imposiciones de los ISPs y cuya última solución es la de recurrir a los juzgados ordinarios de justicia".