600 millones en ayudas al carbón, en peligro por la actuación del Gobierno del PP

600 millones de euros de ayudas a la minería española están en juego en un nuevo serio problema heredado al que se enfrenta el Gobierno socialista. El anterior Gobierno del PP se demoró durante más de un año en responder a la Comisión Europea sobre las ayudas al carbón en España y, justo dos semanas después de que el PSOE ganara las elecciones el 14-M, la comisaria Loyola de Palacio, destacado miembro del PP, inició un procedimiento de petición de información con un ultimátum de un mes.

Todo empieza el 1 de enero de 2003, cuando cambian los criterios para la concesión de ayudas públicas a la minería. Bruselas condicionó su entrega a su autorización previa, tras comprobar que se aplican las nuevas normas y no se distorsionan las reglas de la competencia. Pero el Gobierno anterior, del PP, se saltó ese trámite, y concedió las ayudas del 2003 sin el visto bueno europeo. Nadie se movió en Bruselas.

Según fuentes del sector, durante cerca de año y medio, la Comisaria europea de la energía permitió que el equipo del ministro de Economía, Rodrigo Rato, alguien muy próximo a Loyola de Palacio en el partido, no contestara a las exigencias de Bruselas que pedía explicaciones sobre el sistema por el que el gobierno de Aznar estaba concediendo las ayudas al carbón durante el año 2003.

Pero todo cambió el 14 de marzo. Ese día el PP perdía las elecciones y sólo dos semanas despues, el 30 de marzo, la Comisaria y vicepresidenta de la Comision Europea, Loyola de Palacio envió al Gobierno español todo un ultimátum informándole de que se abría una investigación sobre las ayudas al considerarlas ilegales. Advierte de que, a falta del visto bueno de la UE, considera que las ayudas pueden ser ilegales, incompatibles con el mercado común y que podría exigirse su devolución.

En la carta, se le daba al Gobierno español sólo un mes de plazo para contestar. Se cuestionan ayudas clave para la superviviencia de un sector integrado por 47 empresas, que da empleo a 14.000 trabajadores. Loyola de Palacio firmó ese documento sabiendo que el nuevo Gobierno aún tardaría semanas en tomar posesión.

Además, se dieron dos circunstancias que agravaron la situación. En primer lugar, según fuentes de Industria, el Gobierno en funciones del Partido Popular no informó al entrante durante el traspaso de poderes de la necesidad urgente e inmediata de informar a Bruselas, a pesar de que estaban en juego 600 millones de euros en ayudas al carbón.

Y en segundo lugar, tampoco los responsables del ministerio en funciones contestaron a la Comisión Europea como se les solicitaba. Ningún alto cargo del PP, ni José Folgado, Secretario de Estado de Energía, ni Carmen Becerril, Directora General de Energía, se pusieron a preparar la respuesta.

Los nuevos responsables del Ministerio de Industria conocieron la existencia de este ultimátum de la Comisión a través de los sindicatos del sector y, aunque haya sido ya fuera de plazo, pidieron el 5 de mayo una moratoria para responder en condiciones.