Estrasburgo admite el recurso contra la sentencia que condenó a Vera por el caso Marey
Después de que el ex secretario de Seguridad lo presentara hace tres años
El Tribunal de Estrasburgo ha admitido a trámite el recurso que planteo el ex-secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, contra la sentencia del caso Segundo Marey, por la que fue condenado a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación por los delitos de detención ilegal y malversación de fondos públicos.
La sección cuarta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha decidido por unanimidad que los argumentos expresados por Rafael Vera, tienen la suficiente consistencia como para que sean estudiados a fondo y de ahí, que hayan admitido el recurso después tres años de su presentación.
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El Tribunal de Estrasburgo accede a revisar los quejas de Rafael Vera por tres motivos diferentes. En primer lugar por la posible falta de imparcialidad del juez instructor de este sumario, el juez Garzón, después de su paso por la política.
En segundo lugar, revisarán el caso ante una presunta vulneración de la presunción de inocencia de Rafael Vera y, en tercer lugar, por el larguísimo recorrido judicial del caso, lo que se conoce en términos jurídicos por una dilación indebida del procedimiento.
POSIBLE FALTA DE IMPARCIALIDAD
El auto de admisión a tramite recoge, a lo largo de 14 folios, todos los hechos que Rafael Vera ha expuesto para que se revise su condena, entre ellos, la posible falta de imparcialidad de Garzón que ordenó el ingreso en prisión de Vera y Barrionuevo, después de haber estado un tiempo en la política con responsabilidades en el ministerio del Interior.
El Tribunal de Estrasburgo ha dado un plazo al Gobierno hasta el 27 de julio para que presente alegaciones y después entrarán a revisar el fondo del asunto.
En la mayoría de los casos recurridos, casi en un 95 por ciento, el tribunal de Estrasburgo rechaza la admisión de los motivos presentados.
El Tribunal de Estrasburgo es la última instancia de amparo a la que pueden recurrir los ciudadanos que perciban que se han vulnerado sus Derechos Humanos por parte de los tribunales nacionales. Depende del Consejo de Europa, una organización internacional cuyas decisiones no son vinculantes y que agrupa a 45 democracias europeas.
