Aguirre rectifica y pone en manos del Consejo de Estado la suspensión de los itinerarios en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha rectificado y ha frenado su estrategia con respecto a la aplicación de los aspectos más polémicos de la Ley de Calidad de la Enseñanza. Esperanza Aguirre ha decidido acatar el decreto del Gobierno de Zapatero que suspendía los itinerarios educativos incluidos en la ley del PP a la espera de lo que indique el Consejo de Estado.

El Gobierno de Madrid elevará hoy una consulta, por vía urgente, al Consejo de Estado, para que determine si el Decreto gubernamental que aplaza la Ley de Calidad de la Educación (LOCE) tiene carácter retroactivo y puede invalidar la decisión de la Comunidad de ponerla en marcha el próximo curso.

Así lo ha acordado hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en su reunión de hoy, a cuyo término el vicepresidente primero y portavoz regional, Ignacio González, anunció que, independientemente de esta consulta, presentarán un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo y otro de conflicto competencial ante el Constitucional contra lo que denominó "decretazo del Gobierno socialista" que modifica el calendario de aplicación de la LOCE.

"ALARMA SOCIAL"

González dijo que el Gobierno madrileño ha decidido elevar esta consulta al Consejo de Estado debido a la "alarma social" que ha generado el calendario de aplicación de la LOCE aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros e informó que "sea cual sea" el dictámen del Consejo de Estado, el Ejecutivo regional "respetará su decisión, aunque no la compartamos".

EL vicepresidente primero explicó que, hasta que el CE emita su dictámen -que tardará aproximadamente una semana en conocerse- "queda en suspenso" la circular que el Gobierno regional envió a los institutos para que fueron éstos los que decidieran si ponían o no en práctica la LOCE el próximo curso.

Ante esta decisión, el subsecretario del ministerio de Educación, Fernando Gurrea, ha señalado que esta nueva actitud del Gobierno de Aguirre supone "una revaluación de lo hecho hasta ahora", y que conforme vayan estudiando lo hecho por el Gobierno de la Nación "se darán cuenta que se han adoptado decisiones conforme a derecho".

Gurrea ha señalado también, que el Ministerio se sentirá vinculado por el dictamen que haga el Consejo de Estado, "como lo ha estado siempre".

También se han producido reacciones entre la comunidad educativa. Para la presidenta de la Confederación Laica de Padres de Alumnos (CEAPA), Maite Pina, la situación anterior no era justa, pues "no se puede ir contra un decreto del Consejo de Ministros y, sobre todo, no se puede llamar a la desobediencia civil a los funcionarios de una comunidad, como estaba haciendo el Gobierno regional".

José Antonio Martínez, miembro de la Junta de Portavoces de Directores de Instituto de Madrid, ha señalado que "tendremos que mirar cuál es realmente el contenido del acuerdo del Gobierno de Madrid". Ha manifestado el alivio que siente la comunidad educativa, porque la situación generada en los centros "estaba muy mal y sin saber qué hacer ante las numerosas dudas de los padres".

Desde el sindicato de estudiantes se denuncia que la decisión del Gobierno regional forma parte de una estrategia de acoso y derribo del resultado electoral del pasado 14 de marzo.