El Gobierno triplicará la aportación a las CC.AA. para cubrir el gasto por bajas laborales
Trabajo propone mejorar el flujo de información entre los servicios de salud y los sociales para luchar contra el fraude
La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, han anunciado hoy que el Gobierno ampliará este año de 83 millones a 277 millones de euros la aportación a las comunidades autónomas (CC.AA) para mejorar y racionalizar el gasto derivado de las "bajas laborales por enfermedad".
Este ha sido el resultado de la revisión del convenio sobre las prestaciones por incapacidad temporal (IT) que "estaba bloqueado" y había provocado "enfrentamientos" en los últimos años entre las CC.AA. y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, según Salgado.
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Respecto a la reclamación de los pagos correspondientes a los convenios suscritos en los años 2002 y 2003 por parte de las CC.AA., Salgado ha asegurado que "el Gobierno actual no tiene ninguna capacidad para pagarlo basándose en las leyes actuales, y las autonomías deberían haberlo exigido al anterior Ejecutivo". "No es nuestra responsabilidad", precisó.
No obstante, la ministra recordó que, a pesar de que la revisión de este convenio se explicó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Sanidad ha tenido "un especial cuidado en garantizar las ventajas de este convenio a todas las CC.AA".
Por su parte, Caldera ha informado que en las próximas semanas se iniciarán las negociaciones entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Trabajo para elaborar un nuevo convenio para años sucesivos que "permita una mejora de los parámetros de la incapacidad temporal, sin perjudicar la financiación de sanidad".
Según Caldera, que ha criticado el "excesivo crecimiento del gasto por las bajas laborales" en los dos últimos años, al no corresponderse con el número de nuevos afiliados y con los salarios, insistió en que "todos deben hacer un gran esfuerzo en intentar racionalizar este gasto, para corregir esta tendencia". A su juicio, el convenio de 2002 "era demasiado exigente", por lo que ha abogado por "flexibilizar los criterios".
Concretamente, para luchar contra el posible fraude, Caldera propone mejorar el flujo de información entre los servicios de salud y los sociales, así como favorecer una informatización de los partes (tanto de baja como de alta) para poder mejorar el control adecuado.
