Declarada ilegal parte de ley de inmigración de Berlusconi
Sentencia del Constitucional a la ley, criticada también por la oposición
El Tribunal Constitucional italiano ha declarado hoy "ilegal" parte de la ley sobre la inmigración aprobada por el Gobierno de Silvio Berlusconi en 2002, en particular en lo que se refiere a las expulsiones forzadas y al arresto de los inmigrantes ilegales reincidentes.
Los ilegales no pueden ser expulsados de Italia si comparecen ante el juez sin garantías de defensa ni pueden ser encarcelados si no cumplen la orden administrativa de expulsión del país en un plazo de cinco días como había establecido la nueva ley.
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La ley, conocida como Fini-Bossi, ya que fue redactada por los líderes de Alianza Nacional, Gianfranco Fini, y de la Liga Norte, Umberto Bossi, fue aprobada en 2002 y prevé duras restricciones a la inmigración. Su aprobación fue duramente criticada por la oposición de centro-izquierda, que la consideraba "racista e inconstitucional y muchas organizaciones y partidos políticos han continuado sus protestas ante esta normativa.
El Constitucional ha declarado ilegítimo que el inmigrante pueda ser expulsado después de comparecer ante un juez pero sin tener la posibilidad del derecho a una defensa, ya que la ley prevé el "acompañamiento inmediato a la frontera". Además, considera ilegal la detención de un inmigrante que no haya respetado los cinco días concedidos por las autoridades para salir del país. En la sentencia se lee que la ley "no solo viola la libertad personal del inmigrante sino el derecho de defensa del extranjero".
La polémica ley prevé que sólo podrán entrar quienes lleguen con un contrato de trabajo y por su período de vigencia, así como por primera vez se contemplan penas de cárcel para los clandestinos reincidentes. La ley además introduce la expulsión con acompañamiento inmediato a la frontera de los extranjeros descubiertos en situación ilegal y restringe la reagrupación familiar para los inmigrantes.
Entre las medidas más polémicas está la de la obligación de la toma de huellas digitales a todos los inmigrantes no europeos que pidan o renueven el permiso de estancia -en Italia no se toman las huellas dactilares para los documentos de identidad-. También se autoriza el uso del Ejército en las operaciones para evitar la entrada en aguas italianas de posibles barcos con inmigrantes.
