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Yak-42

La juez Palacios pide a Defensa informes sobre el Yak 42

Se trata de la primera diligencia después de que la Audiencia Nacional reabriera el caso

Madrid

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dictado una providencia en la que solicita al Ministerio de Defensa el informe denominado "Información previa", del coronel auditor Ricardo Fortún, de diciembre de 2003, sobre el accidente del Yak-42, ocurrido en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003 y en el que murieron 62 militares españoles. Además, pide a las autoridades turcas un informe sobre el siniestro y una relación de fallecidos.

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Se trata de las primeras diligencias acordadas por la juez Palacios después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara el pasado 15 de julio reabrir la causa para investigar las denuncias presentadas por la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42. En el procedimiento están denunciados el secretario de Estado de Defensa cuando ocurrió el siniestro, Fernando Díez Moreno, y los generales de División, ya en la reserva, que firmaron las autopsias en las que se han detectado errores en la identificación, Vicente Carlos Navarro y Antonio Beltrán Doña.

QUEJAS DE LOS MILITARES

Dicho informe admitía que la existencia de quejas de mandos militares previas al accidente "pone de relieve" que el servicio de vuelos de transporte contratado "no se prestaba en las condiciones óptimas" y se recalcaba que a la agencia NAMSA de la OTAN "le correspondía la inspección y control".

La juez Palacios también solicita a las autoridades turcas el informe pericial sobre las causas del accidente y una relación de personas que murieron en el mismo. Asimismo, para la investigación de la identificación de los cadáveres, pide a Defensa los documentos originales de los funcionarios destacados en Turquía, es decir, de los denunciados Vicente Carlos Navarro y Antonio Beltrán Doña.

La Sala de lo Penal revocó el pasado 15 de julio los archivos acordados por la juez Palacios de las dos denuncias presentadas por la asociación de familiares y la querella de la asociación Politeya.

El auto descartaba la investigación del accidente en sí, por existir una investigación al respecto en Turquía, pero ordenaba determinar si hubo dejación de las obligaciones de control de la contratación y del modo de transporte de los militares españoles.

 
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