El fiscal general considera que los datos aportados por la Guardia Civil no eran suficientes para investigar la trama de Avilés
Así se lo ha comunicado Conde-Pumpido a Llamazares por carta
Madrid
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, asegura que la fiscalía de Avilés no pudo iniciar ninguna actuación sobre una posible venta ilegal de explosivos en Asturias porque la información "genérica e inconcreta" que recibió de la Guardia Civil no aportaba datos suficientes para investigar.
Así lo expone Conde-Pumpido en su respuesta al coordinador general de Izquierda Unida y miembro de la comisión parlamentaria que investiga el 11-M, Gaspar Llamazares, quien se interesó por los motivos por los que la fiscalía no abrió ninguna investigación sobre la trama que finalmente permitió a los autores del 11-M adquirir los explosivos.
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En su misiva el fiscal general expone que a comienzos de 2003 el capitán jefe de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Oviedo comentó a algunos miembros de la fiscalía de Avilés, "de manera informal, las líneas generales de una investigación incipiente sobre tráfico de explosivos".
Se refería a los seguimientos que se habían efectuado en Avilés a Antonio y Carmen Toro, procesados por la trama de explosivos del 11-M, después de que el confidente de la Guardia Civil y también implicado en la causa, Rafá Zohuier, advirtiera de que conocía a alguien en Asturias que quería vender explosivos robados.
El motivo de la visita no era tratar esta cuestión, por lo que el oficial no concretó los detalles de la investigación, materia que quedó pospuesta para una posterior visita que, según explica Conde-Pumpido, no llegó a realizarse.
"Dados los términos en que se desarrolló la conversación y la carencia de datos en los que fundamentar una investigación, que tampoco fueron facilitados con posterioridad, no se iniciaron actuaciones concretas en la fiscalía", argumenta la carta.
El fiscal general agrega que tampoco se interesó formalmente por la autoridad policial la intervención del ministerio fiscal ni se formuló petición alguna para practicar registros domiciliarios o escuchas telefónicas.
Recuerda Conde-Pumpido que este tipo de actuaciones, además de exigir una autorización judicial, requieren una motivación suficiente, dado que afectan a derechos que protege la Constitución, y reitera que la información aportada por la Guardia Civil era "genérica e inconcreta" y que tampoco en fechas posteriores se añadieron más datos.
Es más, según la misiva, después de la primera conversación, por parte de la Comandancia de Asturias de la Guardia Civil no se volvió a dirigir ninguna comunicación verbal o escrita a los representantes de la fiscalía.
Cándido Conde-Pumpido subraya su voluntad de facilitar la labor de la comisión que investiga los atentados de Madrid y agradece a Llamazares y al resto de los comisionados "la labor que están realizando en interés de toda la sociedad".
