El Fiscal General del Estado ha mostrado al presidente del Congreso su malestar y el del juez Juan del Olmo por el cuestionario que el diputado popular Jaime Ignacio del Burgo le envió a Rafa Zohuier

Según ha podido saber la Cadena SER, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha mostrado al presidente del Congreso su malestar y el del juez Juan del Olmo por el cuestionario que el diputado popular, Jaime Ignacio del Burgo, le envió al confidente Rafa Zohuier, encarcelado por los atentados de Madrid. Tanto el juez como el fiscal creen que se puede haber perturbado el secreto de sumario y las actuaciones judiciales.

El Fiscal General del Estado ha enviado al presidente del Congreso, Manuel Marín, un oficio y la providencia del juez del Olmo sobre este polémico cuestionario. En el oficio Conde Pumpido comienza mostrando respeto por los trabajos que está realizando la Comisión de Investigación pero pide rotundamente que en el futuro se procure evitar cualquier acto individual de los diputados de la Comisión al margen de las decisiones fiscales. Señala además que estos actos individuales, como el de Jaime Ignacio del Burgo, pueden perturbar las actuaciones judiciales.

Conde Pumpido ha enviado también a Manuel Marín copia de la providencia dictada por el juez del Olmo, en la que el magistrado muestra su preocupación por lo ocurrido al entender que la iniciativa del diputado popular puede dañar el secreto del procedimiento e incluso los derechos del propio diputado. El juez del Olmo señala finalmente que no va a dar amparo legal al polémico cuestionario

Iniciativas en la Audiencia Nacional

Por otra parte, también se toman iniciativas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Juan del Olmo ha pedido que devuelva el sobre con el contenido de la carta de la entrevista del diputado del PP porque no reúne ninguna garantía constitucional.

La Fiscalía solicita que no se una la causa a este documento porque no cumple las exigencias del artículo 24 de la Constitución sobre garantías procesales, ni tampoco el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y advierte a Zohuier que tiene todo el derecho que le asiste como imputado a declarar formalmente cuando quiera, pero siempre que se cumplan las exigencias constitucionales y le asista una autoridad competente en presencia del juez, del fiscal y del secretario judicial.