El Consejo Superior de Deportes tendrá que remitir los datos económicos de la Federación de Fútbol al Tribunal Cuentas
El Consejo Superior de Deportes (CSD) trabaja para recopilar la información que el Tribunal de Cuentas le solicitó el pasado 7 de octubre, sobre una serie de datos económicos relativos a la Federación Española de Fútbol (RFEF).
Dentro del Programa de Fiscalizaciones para este ejercicio del Tribunal de Cuentas, organismo autónomo que controla anualmente el fin del dinero público, figura "la fiscalización de la financiación pública de la Federación y control del destino de dichos fondos por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD)".
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En escrito del 7 de octubre, el Tribunal solicita al Consejo que, en el plazo de diez días, detalle, entre otras cosas, "las transferencias y subvenciones concedidas a la RFEF durante los años 2002, 2003 y 2004, con indicación de las fechas significativas, importes, destino, aplicación de los fondos por el beneficiario, justificación, controles y cualquier incidencia relevante".
El Tribunal reclama al CSD una serie de documentación como el "balance de situación y cuentas de ingresos y gastos al cierre de los ejercicios 2001, 2002 y 2003" y las "auditorías financieras y de gestión e informes de revisión limitada" hechos en esos años.
"Las autorizaciones concedidas a la RFEF de 2002 a 2004, relativas a la aprobación de presupuesto deficitario, gastos plurianuales, gravamen o enajenación de bienes inmuebles financiados en todo o en parte con fondos públicos del Estado" y un "informe del sistema de control implantado en el CSD" respecto de la gestión económica de las entidades deportivas en general y de la RFEF en particular", son también requeridas esta instancia.
La acción del Tribunal de Cuentas, enmarcada en el Plan Anual de Fiscalidad, se produce al margen de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, por el supuesto uso incorrecto de los fondos de la RFEF, tras la denuncia de Javier Tebas, ex presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
En una providencia del 11 de octubre, el juez José Sierra Fernández, requiere al presidente de la RFEF, Angel María Villar, para que manifieste si "reitera" su deseo de personarse en la misma, tal como planteó éste en octubre de 2003, ya que estima que "no ha lugar por el momento a ser recibida declaración del mismo, a resultas de las investigaciones que se llevan a cabo".
La providencia del juez es posterior al escrito de la Fiscalía Anticorrupción, en el que consideraba "improcedente la declaración de Villar como testigo, a la vista de la imputación que se dirige contra él, que obliga a que su declaración judicial sea prestada, en todo caso en calidad formal de imputado".
El magistrado atiende otras peticiones de Anticorrupción y requiere a la RFEF para que certifique, entre otras cosas, los datos de las dietas pagadas a los imputados en el caso y los gastos de representación de éstos de 1998 a 2003, además de informar sobre la existencia de tarjetas de crédito a su nombre y los movimientos de éstas en caso positivo.
La cuenta contable de caja, que refleje los movimientos de 1998 a 2003, para "comprobar las entradas y salidas de efectivo producidas en la misma", es otro de los datos que la RFEF deberá enviar al juzgado, cuyo titular pide que la Agencia Tributaria "designe un inspector de Hacienda y un subinspector para que actúen como peritos judiciales en las presentes diligencias previas" para analizar la documentación.
