Amnistía acusa a España de impunidad en delitos de torturas
El maltrato a inmigrantes ilegales y sospechosos de pertenecer a ETA quedan si castigo
Amnistía Internacional (AI) acusa a España de permitir con frecuencia que los delitos de tortura de agentes de la policía contra inmigrantes ilegales y los sospechosos de pertenecer a ETA queden si castigo. Según el informe de AI, publicado hoy viernes, España no concede las indemnizaciones adecuadas a las víctimas.
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El análisis de 450 sentencias dictadas entre los años 1980 y 2004 ha permitido a esta organización que vigila el cumplimiento de los derechos humanos afirmar que los sucesivos gobiernos españoles han negado la comisión de torturas por las fuerzas de seguridad, la excesiva duración de los procesos y la impunidad que parece amparar a los funcionarios responsables de torturas y malos tratos.
Aunque la organización manifiesta que la tortura no es sistemática en España, Amnistía identifica un problema en aumento: el de las denuncias de detenciones ilegales y malos tratos con componentes racistas.
INDEMNNIZADOS COMO VÍCTIMAS DE CIRCULACIÓN
Amnistía también advirtió a España de que la práctica de detener en régimen de incomunicación -como sucede con los sospechosos de pertenecer a ETA o a Al Qaeda- propicia la tortura.
A pesar de los daños psicológicos inflingidos por las torturas, AI dice que los tribunales españoles toman como instrumento orientativo para establecer las indemnizaciones el baremo de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor.
En un tercio de los casos, aproximadamente, las víctimas recibieron menos de 600 euros, una cantidad insuficiente para compensar los costes del tratamiento médicos y la terapia.
"ACABAR CON LA DOBLE INJUSTICIA"
"Es preocupante que, a pesar de que las torturas o malos tratos han resultado probados en el juicio, muchas víctimas no obtienen indemnización alguna", dice el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, en el informe titulado "España: Acabar con la doble injusticia".
Amnistía pide sanciones para los funcionarios que encubren los actos de tortura, y exige que el Estado español ratifique a la mayor brevedad posible el Protocolo Adicional de la convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.
