Ordenan el cierre de un asilo en Sevilla después de que un anciano denunciara que era "un campo de concentración"

Ceferino Torres Raya, de 85 años de edad, pidió a los servicios sociales de la Junta que se hagan cargo "cuanto antes" de su situación y de la de los restantes 20 ancianos de la residencia privada 'El Bienestar', situada en la localidad sevillana de Palomares del Río, ya que, según Ceferino, "es un campo de concentración".

En declaraciones a Europa Press, el anciano describió que en la residencia, dirigida por un matrimonio de Sevilla, no se cumplen las necesidades básicas de higiene, alimentación o atención a las personas enfermas, aún cuando tres residentes "no pueden levantarse de la cama". "Llaman al médico cuando les parece; hemos estado ateridos de frío estas semanas porque no hay calefacción ni estufas; nos controlan las llamadas de teléfono que nos hacen; en algunos cuartos, pequeños, dormimos hasta tres personas y nos quieren convertir a su religión, la evangelista", relató Ceferino para denunciar que "no les importa que nos muramos".

Añadió además que "los fines de semana el matrimonio se marcha de la residencia y dejan al cargo de los ancianos durante la mañana a la cocinera y, a partir de las cuatro de la tarde, a una cuidadora de origen ruso, pero que habla español, y su pareja". Además, denunció que en su caso particular y en el de al menos otro residente, un ex legionario enfermo que apenas puede levantarse de la cama, los propietarios de la residencia, Isabel y Juan, le han sustraído dinero mediante dudosas operaciones inmobiliarias.

Fuentes de la Delegación en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social indicaron a Europa Press que tenían conocimiento del tema y que "efectivamente esta residencia ha sido inspeccionada y fue decretado su cierre". "Los dueños no lo han hecho efectivo y entonces desde la Delegación hemos puesto el tema en manos de la Fiscalía de Sevilla, indicando desobedecimiento administrativo, para que actúe en consecuencia", señalaron las citadas fuentes.

"Un inspector de la Delegación fue a esta residencia, como habitualmente se hace en todas para comprobar sus instalaciones y funcionamiento. Advirtió incumplimientos y carencias y abrió un expediente que puso en marcha el procedimiento habitual en estos casos", indicaron desde la Delegación.

El expediente, sobre el que no se quiso facilitar detalle a Europa Press por ser un documento administrativo reservado, hacía alusión principalmente a "carencias funcionales y de materiales". Se cursó entonces desde la Delegación a la dirección del centro residencial un "escrito de subsanación", en que se indicaban las carencias a corregir.

Desde la Administración andaluza se aseguró a Europa Press que "el centro tendrá que cerrar, si bien será la actuación judicial quien determine cómo y cuándo. Desde la Delegación estamos actualmente trabajando con los familiares de los residentes para su reubicación", señalaron.

Sobre si en la Delegación tenían conocimiento de supuestas irregularidades en cuanto al manejo o sustracción del dinero de algunos de los residentes por parte de los propietarios del centro, las mismas fuentes se limitaron a indicar que "hasta nosotros ha llegado una denuncia y en diciembre la pusimos también en manos de la Fiscalía, no podemos dar más detalles", indicaron.