El TC avala la congelación salarial de los funcionarios en 1997
CCOO anuncia un recurso ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo
El Tribunal Constitucional ha respaldado la congelación salarial de los funcionarios adoptada por el Gobierno del PP en 1997. El TC ha decidido no admitir a trámite el recurso de CCOO contra una sentencia anterior del Tribunal Supremo, que también daba la razón al Gobierno del PP. CCOO ha anunciado un recurso ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo.
El argumento del Alto Tribunal es que las circunstancias económicas del momento, el año 1997, no permitían la subida de sueldos prometida a los funcionarios tres años antes ante la necesidad de cumplir el Plan de Convergencia que exigía Europa. en CCOO ven un peligroso precedente. Carmen Perona es la abogada del sindicato.
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CCOO denunció ante la Audiencia Nacional la decisión del Gobierno del PP de no subir los sueldos de los funcionarios en 1997 y la Audiencia Nacional dio la razón al sindicato. Luego el Tribunal Supremo respaldó al Gobierno y ahora el Constitucional ratifica esta última sentencia.
Según el TC, la actuación del Gobierno no fue arbitraria o manifiestamente irracional, dice el fallo, sino que obedeció a determinadas circunstancias sobrevenidas, surgidas con posterioridad a la firma del acuerdo de 1994, entre socialistas y sindicatos, que afectaban frontalmente a los intereses generales del Estado y que reclamaban una actuación firme en la contención del gasto público para reducir el déficit global.
El Constitucional esgrime, además, que la aprobación del Plan de Convergencia de la Unión Económica y Monetaria, en el que se asumieron una serie de compromisos de estabilidad presupuestaria, justifican la aplicación de una medida tan drástica como la de no autorizar incremento retributivo alguno.
CCOO recurrirá a Estrasburgo
Nada más conocerse la sentencia, tres años después de ser recurrida, CCOO, que considera la sentencia un peligroso precedente, anunció su intención de presentar un nuevo recurso ante el Tribunal de Estrasburgo.
El sindicato esgrimirá en su recurso ante el Tribunal de Estrasburgo la tardanza de tres años del Constitucional en emitir su auto, lo que viola el derecho a que una causa sea resuelta en un tiempo razonable y objetará que el proceso no ha sido público, y que se ha negado a la parte demandante el derecho a una defensa en este mismo Tribunal Constitucional.
