Primera reunión del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional
Presidida por Francisco Rubio Llorente
El pasado viernes, el Gobierno aprobó el texto de la consulta que debía remitir al órgano que dirige Rubio Llorente, en virtud del artículo 2.3 de la ley que regula el Consejo y que apunta que podrá realizar "estudios, informes o memorias" y elaborar "propuestas legislativas o de de reforma constitucional" que el Ejecutivo le encomiende.
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En esa ley se añade, además, en proyectos legislativos o de cambios en la Constitución se habrá de atender a "objetivos, criterios y límites" señalados por el Gobierno y hacer, además, las estimaciones que considere pertinentes. Apoyándose en estos preceptos legales, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero remitió al Consejo, el pasado viernes, el requerimiento de reforma constitucional para cuatro puntos específicos: el orden de sucesión en La Corona; la incorporación del "compromiso" con Europa; la "recepción constitucional" de la denominación oficial de las comunidades y ciudades autónomas y la reforma del Senado.
Esa solicitud pide que su órgano consultivo le ofrezca una respuesta antes de finalizar 2005, atendiendo a las cuestiones expresamente formuladas en la misma, "sin perjuicio de que pueda abordar aquellos otros aspectos que, por estar relacionados con ellas, sea conveniente tener en cuenta para completarlas o mejorar su calidad técnica".
La comisión de estudios está integrada, además de por el presidente, por el secretario general del Consejo de Estado, José María Martín Oviedo, y por dos consejeros permanentes, dos natos y dos electos que fueron propuestos por el propio Rubio Llorente. Como consejeros permanentes están en este órgano Landelino Lavilla, ex ministro de Justicia y del Congreso de los Diputados, y Miguel Rodríguez-Piñero, catedrático de Derecho y ex presidente del Tribunal Constitucional.
En la comisión que afrontará reformará la Constitución del 78 estarán también el actual presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, y el Abogado del Estado y Director del Servicio Jurídico del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají. Como consejeros electos han sido elegidos el jurista y ex magistrado del Constitucional Rafael Gómez-Ferrer y el ex presidente del Alto Tribunal, Pedro Cruz-Villalón.
